Tras 15 meses de investigaciones, la comisión encargada del caso de las interceptaciones telefónicas quedó en nada y se convirtió en un rotundo fracaso, pues su pretendido informe fue vapuleado ayer por los propios miembros de ese grupo de trabajo. Solo el presidente del mismo, Oswaldo Luízar (Bloque Popular) votó a favor de sus conclusiones y recomendaciones.

Al final, no habría informe porque, cuando se sometió a votación la propuesta de los asesores de Luízar, los legisladores Walter Menchola (AN), Cayo Galindo (PNP) y Rolando Sousa (GPF) se abstuvieron, mientras que el aprista José Vargas votó en contra.

Cabe recordar que hay un antecedente que podría resultar decisivo en este caso. La Comisión de Constitución del Congreso anterior emitió opinión en el sentido de que un dictamen que recibe más abstenciones que votos a favor y en contra queda sin efecto, y trascendió que quienes se oponen al informe sustentarán esta posición en la próxima sesión.

Menchola explicó que las abstenciones se fundamentan en que las conclusiones no son sólidas y resultan contradictorias y, además, el documento se filtró a la prensa.

No obstante, Luízar insistirá el lunes en someter a votación su informe, aunque el sentir del resto de miembros de la comisión no va en ese sentido, como lo expresaron Menchola y Vargas.

La sesión a puertas cerradas fue intensa. Parte de la reunión estuvo concentrada en indagar sobre la filtración del informe y, por ello, se solicitó el retiro de los asesores. Algunos congresistas responsabilizan de este hecho al asesor de Luízar, el ex parlamentario Michel Martínez.

En otro momento, el legislador aprista José Carrasco Távara se presentó ante la comisión por su inclusión en el documento y, con papeles en mano, argumentó que no fue proveedor de Petrotech. Al final, el grupo de trabajo le ofreció disculpas.