La exigencia argentina de ejercer control directo sobre la navegación desde el territorio continental hacia las Islas Malvinas generó temores de un conflicto en torno a los recursos energéticos en el Atlántico sur, con Gran Bretaña reaccionando furiosa al decir que Buenos Aires no puede tomar tal decisión.

Por su lado, el Gobierno argentino afirmó que tomará “medidas adecuadas” para frenar la exploración de hidrocarburos autorizada por Gran Bretaña, pero aclaró que lo hará pacíficamente.

Humphrey Maud, el primer embajador británico en Buenos Aires después de la guerra de 1982, señaló que el anuncio argentino es un suceso grave y preocupante que viola el acuerdo que condujo a la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países.