En 266 páginas la Primera Sala Penal Transitoria plasmó los fundamentos sobre los que se basó para ratificar la condena de 25 años de prisión impuesta al ex presidente Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti. Como era previsible, la decisión de los cinco vocales supremos provocó opiniones a favor y en contra.

Si bien el abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, no quiso declarar a Perú.21, en RPP Noticias dijo que con este fallo el Poder Judicial “pretende sepultar a Fujimori en condenas”, y adelantó que llevará el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC) y las instancias supranacionales.

Sin embargo, el ordenamiento legal no le da la razón al abogado. El fiscal supremo Avelino Guillén explicó que “luego de este fallo lo único que queda es ejecutar la condena, pese a quien le pese. Se han agotado todas las instancias y no se puede desligar el caso del ámbito judicial y acudir al TC, eso afectaría la seguridad jurídica del país”.

En su resolución, el tribunal supremo reiteró que los crímenes cometidos por el ex mandatario son de lesa humanidad y que estos se perpetuaron con su conocimiento y aprobación, por lo que no existe ningún elemento que pudiera atenuar su condena. Alberto Fujimori podrá solicitar al Poder Judicial beneficios penitenciarios después de 18 años de prisión. Su sentencia se cumple el 10 de febrero de 2032.

IMPACTO POLÍTICO. Para el analista Carlos Basombrío, la decisión del tribunal supremo “es el hecho político judicial más importante de la historia del Perú. Sin embargo, aunque se ha ratificado la culpabilidad de Fujimori, no creo que implique un bajón ni una subida en el respaldo a Keiko Fujimori. Creo que los niveles se mantendrán iguales que en la primera sentencia (de abril de 2009) y el 20% que la respalda se mantendrá firme, así como el 70% que pensaba que la primera condena era justa y que se debía ratificar”.

En tanto, el fujimorista Carlos Raffo calificó de “nefasta” la resolución y alegó que “demuestra que el Poder Judicial sigue siendo la punta de lanza contra Fujimori, que ha sido condenado a 25 años de prisión sin pruebas en su contra y acusándolo de secuestro cuando este no se cometió”.