Veinticuatro horas después de la amenaza del presidente Alan García de disolver el Congreso si no se aprueban sus propuestas para instaurar el voto voluntario y la renovación parcial del Parlamento, se agudizaron las tensiones entre ambos poderes del Estado.

Una declaración del premier Javier Velásquez, anticipando que el Gobierno evalúa plantear el adelanto de la próxima legislatura ordinaria con el propósito de que se acelere el debate de las mencionadas iniciativas, caldeó los ánimos de la oposición.

El legilador Raúl Castro, del Partido Popular Cristiano, interpretó el gesto como un “golpe de Estado” y emplazó al titular del Legislativo, Luis Alva Castro, a responder, “en un plazo máximo de 24 horas”, a esta “afrenta” en defensa de la institucionalidad democrática.

Fue al término de la sesión del Consejo de Ministros que el premier habló sobre la posibilidad de que el Ejecutivo solicite el adelanto del periodo ordinario de sesiones de marzo a enero, y de que él plantee, ante el Pleno, una cuestión de confianza por ambas propuestas de reforma tramitadas bajo la figura de una iniciativa popular avalada por más de 50 mil ciudadanos cuyas firmas ya fueron recolectadas por el Apra y validadas.

“Si hubiera alguna duda, el Gobierno hará suyo el proyecto de ley que va al Congreso. (...) Esto no es un ataque a los señores parlamentarios sino un esfuerzo que recoge la voluntad del país”, alegó, tras lo cual comentó que “si hay voluntad política de discutir estas reformas, las exquisiteces de carácter formal (para su aprobación) pasan a segundo plano”.

CENSURA. El legislador Raúl Castro salió al frente de estas declaraciones y acusó al Ejecutivo de pretender dar un “golpe de Estado” y de hacer una “interpretación abusiva” de la Carta Magna al plantear una cuestión de confianza que solo procede sobre la investidura de un nuevo gabinete.

“Lo que revela el Apra es que no ha aprendido nada y sigue considerando a la democracia como una herramienta utilitaria para fines políticos. El Gobierno tiende una cortina de humo tal vez con el fin de perpetuarse más allá de 2011. Eso podría dar lugar a un pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral. Es un chantaje”, manifestó a Perú.21.

Cuestionó que el premier califique de “exquisitez” el cumplimiento de la Constitución, y no descartó promover la censura del titular del Parlamento. “Hay que quitarle la conducción del Congreso al Apra, que tiene ya cuatro años al frente y siempre se arrodillada ante el Ejecutivo diciendo: “Chi cheñó’”, sentenció.