Por Daniel Yovera

Las últimas diligencias de visualización y escucha de los archivos incautados a los procesados por el caso ‘chuponeo telefónico’ le han proporcionado a la jueza María Martínez Gutiérrez una lista grande de nuevos personajes cuyas comunicaciones fueron violadas por los marinos de la empresa de seguridad privada Business Track (BTR) y, también, una serie de confirmaciones de hechos evidenciados con anterioridad.

Uno de ellos es el de la presunta entrega de dinero a la esposa del candidato presidencial y líder nacionalista Ollanta Humala proveniente de dos empresas venezolanas. El hecho fue denunciado en mayo pasado.

La resolución de la jueza Martínez que amplía el plazo de la etapa instructiva del caso, del 30 de noviembre último y a la que tuvo acceso Perú.21, resume algunos hallazgos en los archivos de los procesados y se refiere al pantallazo del archivo “G3” (Gisselle Giannotti Grados).

Allí se aprecia que “G3 y TOM (Tomasio) conversan sobre temas de la Embajada de Venezuela, seguimiento y filmación y de dar cuenta a Pie Grande sobre entregas dinerarias de 500 y un palito de parte de militares venezolanos a la esposa de la Llanta”.

Si bien el documento de la magistrada no precisa los nombres de los presuntos beneficiarios del dinero venezolano, fuentes judiciales dijeron a Perú.21 que Tomasio y Giannotti se refieren a Ollanta Humala y a su esposa, y el caso en mención sería el de las famosas cuentas de Nadine Heredia, con dinero, en su mayoría, de procedencia venezolana.

A TODO EL MUNDO. La jueza también visualizó y escuchó archivos de los años 1999 y 2000, y otros más que fueron producto del espionaje de BTR entre 2005 y 2008. Entre julio y diciembre de 2006 interceptaron las líneas de Virly del Carmen Torres Curvelo, secretaria de la Embajada de Venezuela en el Perú; entre julio y octubre de 2005, al ex presidente regional del Callao, Rogelio Canches, y entre noviembre y diciembre de ese año, al diario Ollanta.

Se ha hallado escuchas telefónicas a la central de la ONG Grufides y al celular del padre Marco Arana, efectuadas entre octubre de 2006 y febrero de 2007; al Estudio Bardales & Asociados, en junio de 2006, así como interceptaciones a Rómulo León conversando con Fortunato Canaán y con Abel Salinas.

Además, el documento judicial proporciona datos acerca del “espionaje industrial” que efectuó BTR a pedido de clientes aún sin identificar. Por ejemplo, se da cuenta de escuchas telefónicas a la cervecera Ambev Perú, a la Empresa Agroindustrial Laredo y a Eduardo Hochschild, accionista mayoritario de Cementos Pacasmayo.

El servicio de BTR fue plural y sin prejuicios ideológicos. Así lo hace constar la resolución de la jueza cuando da cuenta de los archivos “MRTA-Rosa María Palacios” y de la conversación entre Carlos Tomasio y Gisselle Gia-nnotti sobre la interceptación a la línea de la Presidencia de la Confiep y de la prima del líder emerretista Víctor Polay Campos. Es decir, prácticamente, a todo el mundo.