Por Carlos Castillo

Más perlas en torno a la figura del legislador Gustavo Espinoza Soto. La hoja de vida que este parlamentario presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no solo revela que mintió en materia de sus supuestos estudios universitarios, sino que, además, omitió una sentencia judicial que se le dictó por cobrar un cheque que había sido robado a su titular en un asalto a mano armada ocurrido en 1982.

La sentencia fue dictada por la Décima Sala Penal de Lima el 19 de noviembre de 1986, y encontró responsable a Espinoza –entonces agente de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)– de la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de encubrimiento. El cheque ascendía a US$3,170 y había sido robado en el asalto y secuestro al empresario Richard Salgado. Este hecho motivó su retiro de la institución policial.

En su defensa, el ex suboficial de tercera argumentó que no había participado en el secuestro, y agregó que su implicancia fue solo por haber comprado un certificado bancario que era de libre disponibilidad. Según sus palabras, “un título valor negociable”.

SIN ANTECEDENTES. Lo irregular es que –como en otros casos (el del aprista Mario Alegría )– el parlamentario decidió omitir estos hechos en su hoja de vida con el argumento de que la sentencia ya había sido cumplida.

Su declaración jurada, ofrecida al país en el momento de presentar su candidatura congresal, no consigna ninguna anotación en la parte referida a antecedentes judiciales y/o penales. En una entrevista televisiva, pocos meses después de que iniciara su función como legislador, Espinoza trató de minimizar este antecedente señalando que “son hechos de hace 20 años”.

Cabe recordar que este congresista por Lambayeque se comprometió ante el país a renunciar a la función parlamentaria si le demostraban que había mentido en su hoja de vida. Ahora ya tiene dos datos falsos: sus “estudios universitarios’ y su récord judicial.