Bien dicen que la pita se rompe por el lado más débil. Una sala judicial decidió involucrar, en el proceso por la contratación de empleados “fantasmas, al gerente de Recurso Humanos del Congreso, Miguel García Foy, abonando así a favor de la defensa de las desaforadas congresistas Elsa Canchaya Sánchez (UN) y Tula Benites Vásquez (Apra) de que no son responsables de este delito sino que la culpa sería del citado funcionario parlamentario.

Perú.21 tuvo acceso al fallo de la Sexta Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Lima para procesos con reos libres que resuelve, en el juicio a Jacqueline Simon Vicente, ex asesora “fantasma’ de Canchaya, que se incluya en el caso a García Foy por la presunta autoría en la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de nombramiento indebido para cargo público.

La decisión judicial, emitida hace unos días, considera que el responsable del área de Recursos Humanos del Congreso, “tenía la obligación de verificar si la procesada Simon Vicente cumplía con todos los requisitos para ejercer el supuesto de asesor de confianza…”.

Nuestra fuente señala que, si bien este fallo no excluye de responsabilidad a Canchaya, lo cierto es que puede ser tomado en cuenta por su defensa para influir en la Sala Especial de la Corte Suprema que la juzga por el mismo delito que se imputa, ahora, a García Foy. Lo mismo podría hacer Benites.

Los abogados de Canchaya y de Benites han coincidido en esbozar la tesis de que “solo propusieron la contratación de sus trabajadores “fantasmas’, y que la responsabilidad es del funcionario del Congreso”. Esta tesis es compartida por otros legisladores, como la fujimorista Martha Moyano, para quien el congresista es ajeno a la contratación de su personal.

Cabe recordar que el artículo 5 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso establece – al momento de fijar los contratos– que “el ingreso del personal de confianza de los congresistas es por designación directa”.

SOLICITUDES. Este diario tuvo acceso, varios meses atrás, a los respectivos memorandos que, en su oportunidad, remitieron Canchaya y Benites para formalizar las contrataciones de sus trabajadores “fantasmas’ Jacqueline Simon y Juan Carlos Cuadros Noriega y que forman parte de los legajos judiciales. Estos demuestran que no se trataba de sugerencias sino de órdenes de vinculación contractual.

Canchaya se dirige a García Foy – el 4 de enero de 2007– “a fin de comunicarle que (....) en su reemplazo ingresará la señorita Jacqueline Mary Simon Vicente, a partir del 1 de enero del presente año”. Es decir, según anota nuestra fuente, comunica a la administración que la decisión contractual se ha producido.

Por su parte, Benites remitió su memorando al mismo funcionario – el 10 de agosto de 2006– en el que le solicita “disponer a quien corresponda, el ingreso laboral en la planilla de mi Despacho, en el período legislativo 2006-2011, desde el 27 de julio del presente año: ...al Auxilar Sr. Juan Carlos Cuadros Noriega”. La fuente añadió que aquí se observa una orden de la autoridad parlamentaria (la congresista) a un funcionario de inferior nivel (el gerente de Recursos Humanos) para que se contrate a un trabajador.

SENTENCIA A CANCHAYA. De otro lado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema citó para este miércoles 7, al mediodía, para la lectura de sentencia a Elsa Canchaya por el delito de contratación ilegal. Es decir, el fallo de la Sexta Sala de la Corte Superior se ha dado a pocos días de la lectura de la sentencia a la suspendida parlamentaria.

La Fiscalía ha solicitado que a la legisladora se le aplique la pena de 120 días-multa y la inhabilitación de tres años para el ejercicio de la función pública.

Cabe recordar que ambas parlamentaria son procesadas por la misma Sala Especial de la Corte Suprema.