Por Vanessa Cabanillas

Demoras injustificadas y omisiones por parte de servidores y de funcionarios públicos en todo el país son la mayor molestia que los ciudadanos viven en las entidades estatales cuando acuden a realizar algún trámite, informó la Defensoría del Pueblo, que recibe, en promedio, 1,000 quejas al mes por estos problemas.

Beatriz Merino, jefa de la citada entidad, detalló que, a pesar de que en enero de 2008 se implementó la Ley de Silencio Administrativo Nº 29060, desde esa fecha hasta mayo del presente año, su institución ha recibido un total de 14,998 quejas por incumplimiento del principio de celeridad, fundamentalmente en municipios distritales y en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Se trata del 33% del total de reclamos que recibió la Defensoría en el mismo lapso y que, en su mayoría, evidenciaron alargamiento innecesario de los procedimientos administrativos, anotó Merino.

“La ley le da bastantes garantías al ciudadano; el problema es que no se aplica debido a la falta de conocimiento por parte de los trabajadores del aparato estatal, lo que genera descontento e insatisfacción en la población y pone barreras a la inversión de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas”, afirmó.

FALTA CAPACITACIÓN. Merino comentó que, en una encuesta hecha a 345 funcionarios pertenecientes a 227 entidades estatales de 21 departamentos, se encontró que solo el 39% conocía fehacientemente el sentido y el contenido de la Ley de Silencio Administrativo, lo que explicaba su ineficaz aplicación hasta el momento.

Detalló que, en una supervisión efectuada en mayo a 183 entidades –entre ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales de Lima y Callao–, se halló que solamente el 42% ha publicado íntegramente su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y que el 79% lo hace adecuadamente en su portal web.

A nivel nacional, según la Cámara de Comercio de Lima, el 74% de los organismos públicos incumple con adecuar su TUPA a la Ley Nº 29060.