Como era de esperarse, el proyecto de ley del Ejecutivo que autoriza a la Policía Nacional el uso de la fuerza y de las armas para reprimir los actos de violencia sigue generando opiniones encontradas. Aunque el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dijo ayer que los efectivos policiales deberán respetar el principio de proporcionalidad al aplicar las medidas extremas, todo indica que el riesgo que observan algunos legisladores en la norma hará que el debate en el Congreso de la República sea arduo.

El presidente de la Comisión de Defensa, Luis Negreiros, señaló que le dará prioridad al debate de la iniciativa legislativa. El parlamentario informó, además, que se reunió con el ministro del Interior, Octavio Salazar, con quien ha coordinado puntos de vista. Asimismo, a fin de recoger los diversos enfoques que generará el proyecto, Negreiros anunció que convocará a la Defensoría del Pueblo y a instituciones de derechos humanos.

Por su parte, el vicepresidente de la referida comisión, Carlos Bruce, consideró que durante el debate deberá analizarse si el uso de la fuerza policial puede derivar en violaciones de los derechos humanos, y adelantó que, por la importancia del referido proyecto, este deberá ser debatido la próxima semana.

SANCIONES. En respuesta a las críticas, Pastor explicó que “este proyecto no es violatorio, como algunos opinan sin haberlo revisado. Lo que pretendemos es encuadrar la actividad de la Policía para el uso legal de la fuerza para controlar situaciones de emergencia”.

Asimismo, el titular de Justicia sostuvo que, aunque el proyecto de ley –aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros– extrae a los agentes policiales de una investigación judicial, cualquier exceso será sancionado.

“Si alguien rompió la proporcionalidad, tendrá que ser sancionado, pero si nadie rompió la proporcionalidad, nadie tiene derecho a procesar a un policía y meterlo en un proceso judicial años de años”, replicó.

TENGA EN CUENTA

• El proyecto de ley autoriza a la PNP el uso de armas letales para reprimir actos de violencia.

• La iniciativa precisa que, como medida disuasiva, el efectivo policial deberá advertir al agresor de su intención de utilizar el arma.

• El uso de la fuerza no será pasible de investigación judicial.