Le baja el dedo a la ‘Ley mordaza’. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, consideró como inoportuno e innecesario el proyecto de ley presentado en la Comisión de Constitución del Congreso, que preside su ‘compañera’ Mercedes Cabanillas y que regula el derecho de rectificación de las personas afectadas por afirmaciones injuriosas o inexactas en medios de comunicación social.

“Los demócratas somos respetuosos de la libertad de expresión y de opinión (...) El Gobierno no ha presentado la iniciativa, y consideramos que esta propuesta es innecesaria e inoportuna”, dijo el jefe del gabinete este miércoles en conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros, en Miraflores.

Asimismo, señaló que el derecho de rectificación ya se encuentra reglamentado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 7. “En ella están contenidas todas las garantías que los ciudadanos pueden utilizar en caso una información inexacta pudiera agraviarlos”, subrayó, tras ratificar el respeto irrestricto del Gobierno por la libertad de prensa.

“Adicionalmente, quiero decir que evidentemente la responsabilidad civil de las empresas es innecesaria porque ya en el código civil, en el artículo 1981, está establecido”, agregó.

Más temprano, el congresista Guido Lombardi dijo que se quiere intimidar a la prensa con el pretexto de regular el derecho a la rectificación. “Es un error comenzar la legislatura con un proyecto de ley controversial. Lamento que el Congreso caiga en la tendencia persistente de sobrelegislar los delitos que se cometen a través de la prensa. Entre una prensa equivocada y una censurada, prefiero una equivocada”, sostuvo.

PRONUNCIAMIENTO. En tanto, el IPYS, mediante un comunicado, también expresó su rechazo a la iniciativa aprista, y sostuvo que los argumentos que esgrime el proyecto no justifican una nueva regulación del derecho de rectificación.

“Introduce como causa que habilita la exigencia de rectificación, el que se difundan afirmaciones injuriosas, lo cual abre la posibilidad de que se exija la rectificación de opiniones o juicios de valor y no únicamente los hechos inexactos a los que contradictoriamente el proyecto alude como límite de lo rectificable”, señala el documento.

Además, cuestiona que reduzca casi a la mitad el plazo de los ciudadanos para presentar su solicitud de rectificación, y el de los medios para publicarla, y que, además, pretende imponer el modo en el que los medios deben hacer la rectificación acogiendo parámetros de proporcionalidad cuestionables.

OBSERVACIONES. En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) enviará en los próximos días un documento a la Comisión de Constitución con las observaciones al citado proyecto, que pese a los cuestionamientos de algunos sectores de la oposición, fue puesto como primer punto en la agenda de dicho grupo de trabajo, que tiene previsto debatirlo el próximo martes.

León señaló que es saludable que siempre haya un debate sobre el alcance de las libertades de expresión, pero confío en que el proyecto no proceda. “Ojo que este es un proyecto de ley que sí tiene vacíos y que genera una presión innecesaria sobre la libertad de prensa”, señaló en Ideeleradio.

Sostuvo que el polémico proyecto, elaborado por el congresista aprista José Vargas, no proporciona elementos positivos en cuanto a las rectificaciones que podría demandar un ciudadano que siente que su honra y dignidad se ha vulnerado con una supuesta mala información.

Sostuvo que reducir el tiempo de rectificación de siete a tres días podría confundir y crear cierta expectativa. “El proyecto de ley como está redactado sí introduce nuevos aspectos que la legislación actual no contempla, pero a nosotros nos parece que no aporta puntos positivos y más bien puede ser fuente de presión”, añadió.

Asimismo, dijo que incorporar a los dueños de medios de comunicación como tercero civilmente responsables de una eventual difamación es claramente un elemento de presión contra la libertad de expresión.