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Pese a las resistencias de varios congresistas, la presidenta de la Comisión de Constitución, Mercedes Cabanillas, insistió en que se aborde, como primer punto de la agenda de este grupo de trabajo para el próximo martes, la ley sobre el derecho de rectificación de personas afectadas por informaciones que aparecen en los medios de comunicación.

En la primera sesión de dicho grupo de trabajo que se realizó este martes, la misma Cabanillas solicitó ser relevada de su cargo, de momento, por el vicepresidente, Edgar Reymundo, hasta que se aclaren las presuntas discrepancias surgidas en la comisión por su designación, según consignan versiones periodísticas.

Dicho pedido, no obstante, fue denegado por los propios legisladores integrantes de ese grupo de trabajo. Para zanjar la discusión, el legislador Javier Bedoya de Vivanco, de Unidad Nacional, dijo que Cabanillas fue elegida titular de la Comisión de Constitución por la mayoría de sus integrantes, e indicó que no era ámbito de la comisión discutir presuntos desacuerdos partidarios internos.

CRÍTICAS A PROYECTO. Pero lo que levantó polvo fue el proyecto que pretende “regular el derecho de rectificación”, iniciativa del propio partido de gobierno que solo desató cuestionamientos, en junio pasado, cuando la anterior comisión –que presidió el también oficialista y hoy vocero de la bancada aprista, José Vargas Fernández– intentó, sin éxito, convertirla en ley.

Este proyecto, que ha sido considerado por sectores de la prensa como una amenaza, reemplaza todo el marco legal que regula el principio de la rectificación con un nuevo texto que recorta, de siete a tres días, el plazo para hacerlo y modifica el artículo 132° del Código Penal, incorporando como posibles agentes del delito de difamación a los medios de comunicación digitales, es decir, las webs y los blogs.

Al respecto, el legislador Raúl Castro, de Unidad Nacional, se mostró en desacuerdo con la parte de la iniciativa que pretende incluir al medio de comunicación como tercero civilmente responsable del delito de difamación, porque lo que “está en juego es la libertad de expresión”.

“Prefiero una prensa exagerada a una de rodillas, coactada y doblegada por el temor a una indemnización”, declaró a periodistas en el Congreso.

“No todos los medios cumplen con la rectificación, pero parece que algunos políticos que impulsan este proyecto tienen correa y piensan que les hacen daño las críticas”, agregó.

Por su parte, el legislador Víctor Andrés García Belaunde, de Alianza Parlamentara, también expresó el rechazo a este proyecto del Apra, sobre todo en el punto que busca incluir, como tercero civilmente responsable del delito de difamación, al medio de comunicación.

“Esto me parece espantoso porque es una manera de amordazar al periodista y además a los dueños para que contraten mejor o para que digiten al periodista que tienen en su planilla, eso me parece que es una manera de asustar, de intervenir y afectar la libertad de prensa en el país”, dijo.

A FAVOR. En tanto, los legisladores Javier Valle-Riestra (Apra) y Martha Moyano (GPF) coincidieron en que se trataba de un tema de suma importancia y que la Comisión no debe estar sujeta a las opiniones de los medios de comunicación. Aclararon que el proyecto no está dirigido contra los periodistas sino contra los excesos de algunos medios.

Así mismo, Mauricio Mulder (Apra) y Aldo Estrada (UPP) señalaron que el derecho a la rectificación estaba amparado en diversos artículos de la Constitución Política del Perú, por lo que no debía llamar la atención que sea motivo de una norma legislativa para regularlo.

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