Aunque en un primer momento había negado su ejecución, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, salió hoy a explicar con planos y gráficos que sí se iniciará la construcción de un centro penitenciario para procesados por corrupción, denominado Shumba I, en la provincia de Jaén, región Cajamarca.

Aunque durante su discurso de 28 de julio, el presidente Alan García dijo que este penal ya se estaba construyendo, Pastor intentó ‘traducirlo’ y en ese afán señaló que “ya está en ejecución a nivel de proyecto”.

“Un proyecto se empieza a ejecutar con el diseño de los planos. Este proyecto de la colonia penal de Shumba, ya empezó. Si usted quiere tomarlo que está en ejecución, entonces, ya está en ejecución a nivel de proyecto”, señaló el funcionario al responder la interrogante de un periodista.

Asimismo, explicó que este recinto penitenciario albergará a 576 internos y no será solo para los sentenciados por corrupción, sino también para los reos comunes de la región norte del país.

Señaló que su construcción se empezará a partir de noviembre y en tono irónico dijo que este se encontrará listo antes del mensaje presidencial del próximo año.

Respecto a la supuesta improvisación en este anuncio, Pastor sostuvo que previo a la elaboración de su discurso se le dio al jefe de Estado la lista de proyectos que estaba trabajando el Ministerio de Justicia y uno de ellos era el penal en mención. “Lo que el presidente ha hecho es anunciar los proyectos que se están trabajando”, argumentó.

PROPUESTA INVIABLE. Sin embargo, esta propuesta presidencial había tomado por sorpresa al Ministerio de Justicia, pues fuentes de ese sector revelaron a Perú.21 que el proyecto de modernización penitenciario elaborado por la ex ministra Rosario Fernández – que va hasta el 2011 – no incluía ninguna construcción en la selva. A esto se le agrega el hecho que esta iniciativa no había sido vista por el Consejo de Ministros, lo cual está contemplado por el artículo 118 de la Constitución.

Las mismas fuentes indicaron que el anuncio los tomó tan de sorpresa que ayer, de forma urgente, Pastor se reunió con funcionarios del INPE para ver la forma de concretar la construcción de este penal, para el cual se destinaría un terreno de 30 mil hectáreas en la selva central y del que ni siquiera se sabe la ubicación exacta.

Para el ex procurador José Ugaz, es “sorprendente” el desconocimiento del titular de Justicia en un tema de esta importancia. “Es evidente que es un acto improvisado y, aparentemente, no ha existido la coordinación para la aprobación del mensaje presidencial”.

La misma sensación la tiene el constitucionalista Aníbal Quiroga, quien consideró inexplicables las contradicciones de Pastor, toda vez que “es el ministro quien le entrega al mandatario los datos de su sector para ser considerados en el mensaje”.

A MARCHAS FORZADAS. Otro punto de discusión es el problema que, ante instancias internacionales, acarreará para el Estado el aislar a los presos en la selva, sin dejar de lado que la medida sería inútil para la lucha contra la corrupción.

Perú.21 consultó con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes aseguraron que un proyecto similar ya había sido evaluado durante la gestión de Wilfredo Pedraza, pero fue descartado porque infringía los derechos constitucionales de los internos y por el alto costo que representaba para el Estado. “No vale la pena construir un penal para presos por corrupción; la población penitenciaria por ese delito no llega ni al 1% del total. En los penales no hay más de 50 presos por corrupción, y las cifras disminuyen”, replicaron las fuentes.

El abogado Iván Montoya explicó que “los condenados tienen derecho a las visitas y a mantener el vínculo familiar. El traslado quebrantaría estos derechos, sobre todo cuando el tránsito entre la costa y la selva es difícil y, económicamente, inaccesible; se terminaría condenando a los presos al aislamiento total”, refirió. El ex procurador Luis Vargas fue más allá: “¿Qué pasaría si estos presos trasladados interponen un hábeas corpus porque no pueden recibir visitas? Definitivamente, conseguirían un pronunciamiento de la Corte de San José contra el Estado”, advirtió.