Tras seis meses de idas y venidas, que trajeron de todo, desde impugnaciones y denuncias de soborno hasta la participación de la Contraloría General de la República, la firma española ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, que ganó la concesión para la construcción de la Planta de Tratamiento de Taboada, afirmó que está lista para suscribir el contrato con el Estado e iniciar las obras enseguida.

El abogado de la concesionaria, Jorge Santisteban, calificó como “positiva” la reacción del Estado, que el fin de semana dio luz verde para la firma del contrato respaldado por un informe de la Contraloría que no halló irregularidades en el proceso de concesión. “Solo esperamos que nos den una fecha para suscribir los contratos”, añadió.

UN PROYECTO AMBICIOSO. Con la Planta de Tratamiento de Taboada se busca eliminar un problema de años: la contaminación en la bahía de Lima y en la Costa Verde por la descarga de los desagües sin tratar. El proyecto comprende el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, que estará ubicada en el cruce de las avenidas Néstor Gambeta y Canta Callao. La iniciativa tendrá capacidad para tratar 14 metros cúbicos por segundo de las aguas residuales del Interceptor Norte, del Colector Comas-Chillón y de la Línea de Impulsión Sarita Colonia.

ACS Servicios, Comunicaciones y Energía prevé invertir US$170 millones en la obra. El 26 de febrero, esta firma ganó la concesión, pero su competidora, el Consorcio Taboada, integrado por Odebrecht y por Kerppel, impugnó el proceso argumentando que la propuesta no ofrecía la reutilización de las aguas tratadas.

El 4 de julio último, el Gobierno declaró en emergencia el proceso y se lo entregó al Ministerio de Vivienda, portafolio que decidiría si se suspendía o si se cancelaba la licitación. Se argumentó que las bases de la licitación convocada por Proinversión no contemplaron los nuevos niveles de calidad del agua que debía llegar al mar. Sin embargo, al día siguiente, el Gobierno emitió otro decreto retrocediendo en su decisión y encargando un informe a la Contraloría.

Tenga en cuenta:

• Con esta iniciativa se pondrá fin al vertimiento directo de ocho colectores primarios que descargan en el mar y en el río Rímac.
• La concesión otorgada a la firma española ACS es por 25 años.
• Se beneficiarán 4.5 millones de habitantes de 27 distritos.