Por Daniel Yovera

Una disputa entre dos importantes grupos económicos ha puesto en situación agónica a la última azucarera del país, que hasta hace poco era controlada por sus trabajadores. Lejos de ser una pugna librada en los terrenos bursátiles, el tema se ha resuelto a balazos y ha dejado en el camino varios heridos. En medio del problema, la Policía ha brillado por su inacción y hasta ha sido acusada de parcializarse con el bando en el que participa, en calidad de directivo, el ex ministro de Salud y de Vivienda de este gobierno Hernán Garrido Lecca.

La empresa se llama Agraria Azucarera Andahuasi, ubicada en Sayán, Huaura. Hoy, esta empresa que factura 100 millones de soles al año se la disputan un grupo de trabajadores en alianza con el llamado grupo Bustamante, liderado por el magnate Manuel Bustamante Olivares –Garrido Lecca es parte de este– y el grupo Wong, de Erasmo Wong.

El pasado 30 de abril, los accionistas de la empresa –entonces, trabajadores en su mayoría– se reunieron en Andahuasi para elegir al nuevo directorio.
Resultaron electos, Eduardo Núñez Cámara, como presidente, y Bustamante, Garrido Lecca y David Jiménez Sardón (también del grupo Bustamante), entre otros, como directores. Para ese momento, Wong todavía no entraba a tallar.

El 13 de mayo, el grupo Bustamante instaló el directorio en Lima sin la presencia de Núñez Cámara. Toda esta situación motivó que la Oficina de Registros Públicos de Lima y Callao no aceptara reconocerlo hasta hoy y, mientras tanto, la empresa permanece descabezada, sin cuentas bancarias, sin facturas y sin ventas.

ESTALLA LA VIOLENCIA. Pero el punto de quiebre ocurrió al día siguiente, 14 de mayo, cuando Núñez vendió un paquete de 50 millones de acciones de Industrial Andahuasi –perteneciente a la Agraria Andahuasi– por 50 millones de soles, al grupo Wong, que entró así a disputarle el dominio de la azucarera a la otra facción. Sin ese paquete de acciones, los trabajadores no podían controlar más la empresa.

Pronto, esa venta fue impugnada por el grupo Bustamante, aduciendo que Núñez carecía de los poderes para hacerlo. Este defendió la legalidad, pero no valió ninguna explicación. Los trabajadores aliados con Bustamante irrumpieron en las oficinas de la azucarera, sacaron a golpes y palos a la administración de Núñez y tomaron el control de la compañía.

A BALAZOS Y SIN POLICÍA. Impagos desde el 30 de abril por los problemas suscitados, el 24 de junio, pobladores y trabajadores aliados de Núñez marcharon hacia la azucarera para exigir sus salarios. Cinco de ellos resultaron heridos de bala.

Las imágenes obtenidas por este diario muestran que por lo menos una persona cercana a la sede de Andahuasi portaba una escopeta, y otro, que no se ha determinado qué grupo integraba, portaba un revólver. Ambos bandos niegan haber armado a su gente, sin embargo, los cinco baleados son de la facción de Núñez y han responsabilizado al personal de seguridad de la empresa. Perú.21 ubicó a cuatro de los heridos y constató que son trabajadores de la azucarera –mostraron sus boletas de pago– y no “matones’, como se les acusó inicialmente. Jiménez, del grupo Bustamante, dijo a este diario que Núñez llevó a gente “armada hasta los dientes” y el viernes prometió enviarnos las imágenes que así lo probarían. Hasta el cierre de esta edición, el ejecutivo del grupo Bustamante no enviaba nada.

El segundo enfrentamiento ocurrió el 10 de julio, en el poblado Manco Cápac, y también hubo disparos, aunque no heridos. El 20 de julio, el Poder Judicial de Huacho ordenó desalojar de la empresa a los ejecutivos del grupo Bustamante, y pidió apoyo policial. Pero la medida no se concretó.

Diversos testimonios e imágenes dan cuenta que en las tres fechas referidas la policía de Sayán no actuó. Según el reportero del Canal 13, de Huacho, Junior Aponte, “hubo inacción policial. Parece que están parcializados con los intereses del grupo Bustamante y de Garrido Lecca”.

TESTIMONIO REVELADOR. Este diario ubicó al abogado Greco Quiroz, que en las elecciones del 30 de abril fue elegido vicepresidente de Andahuasi, pero que renunció hace pocas semanas por discrepancias con los ejecutivos de la corporación Bustamante. Quiroz ha revelado que Jiménez le propuso contratar gente armada para darle seguridad a la azucarera, la misma que estaría al mando de un marino retirado de nombre Carlos Hernández. “Pero no tenían pinta de militares, yo me opuse, no podía firmar ese tipo de contrato”, dijo el ex directivo. Según su relato, eso ocurrió antes del enfrentamiento del 24 de junio. Jiménez ha negado esta versión, pero Quiroz se ha ratificado. Ahora se va conociendo cómo se está manejando esta azucarera, en la que Garrido Lecca tiene intereses económicos.