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Desde hoy, miércoles, los ciudadanos podrán arrestar a un delincuente que sea sorprendido cometiendo un delito o una falta y entregarlo, inmediatamente, a la comisaría más cercana, en el marco de la denominada ley del arresto ciudadano que ya entró en vigencia.

La norma – que modifica el artículo 259 del Código Penal– señala, asimismo, que, en ningún caso, el arresto realizado significa que se pueda encerrar o mantener privada de su libertad a una persona, ya sea en un lugar público o privado. En la comisaría, la Policía redactará un acta en la que se hace constar la entrega de la persona que cometió un delito flagrante y las demás circunstancias ocurridas en la intervención.

La figura de flagrancia existe cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado luego de cometer el delito. También cuando es sorprendido con objetos o huellas que lo delaten, precisa la ley.

En caso de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años cárcel, luego de los interrogatorios y demás actos de investigación, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.

CRÍTICAS Y RIESGOS. Desde que se anunció que esta medida entraría en vigor, han sido numerosas las voces que han advertido sobre la poca difusión que se ha dado de su contenido y la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a excesos y abusos.

Al respecto, el penalista Germán Small Arana dijo en RPP que al amparo de la ley de arresto ciudadano se podrían cometer muchos abusos, ya que, dijo, este mecanismo se puede constituir en un arma para saldar rencillas de carácter personal.

“La puesta en vigencia de cualquier acción de esta naturaleza se debe ajustar para no cometer este tipo de errores porque hay que tener en cuenta que todo ciudadano tiene derecho a que nadie lo detenga ni ofenda”, expresó.

Otros expertos en temas de seguridad, como Gabriel Prado, consideran que, si bien es importante la participación de la población en la conservación del orden, esta norma arriesga la integridad física del ciudadano, ya que, en los últimos años, la delincuencia se ha profesionalizado y existe un incremento del uso de armas de fuego por parte de los hampones.

El constitucionalista Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa legal (IDL), por ejemplo, dijo que el ciudadano común no está preparado para detener a un delincuente, puesto que eso debe ser labor de la Policía.

DATO

• El alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, saludó la entrada en vigencia de la ley de arresto ciudadano en todo el país. Sostuvo que los miembros del Serenazgo de su distrito se encuentran capacitados para llevar a cabo esta norma.

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