El ministro de Trabajo, Jorge Villasante, no descartó hoy que el Gobierno amplíe de forma “razonable” el plazo para que la minera Doe Run cumpla con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que vence en octubre.

“De parte del Gobierno hay disposición como para atender una prórroga en términos razonables”, afirmó el ministro en RPP, tras recordar que el Ejecutivo en su momento dijo que podía evaluar el tema del PAMA, pero descartó una extensión prolongada a cinco o tres años para su cumplimiento. “Buscaremos un término más adecuado”, agregó.

Los trabajadores de Doe Run iniciaron ayer una huelga bloquendo la varios tramos de la Carretera Central, empujados por la indolencia de los dueños de esta minera, que se niegan a resolver sus problemas financieros y a cumplir sus compromisos ambientales. Al menos 12 kilómetros de la Carretera Central permanecen interrumpidos hasta el momento.

El bloqueo, con piedras y palos, se inició la medianoche del domingo en las tres vías que conectan La Oroya con las ciudades de Lima, Huancayo y las provincias de la selva central, entre ellas La Merced, Tingo María y Huánuco.

PÉRDIDAS MILLONARIAS. Esta situación genera pérdidas por unos 25 millones de soles al departamento de Junín, según informó Perucámaras en base a las estimaciones de las cámaras de Comercio de Huancayo, Chanchamayo y Tarma.

En Huancayo, los sectores más perjudicados son: comercio, agro, restaurantes, hoteles, transportes y minería, precisó Gerardo Porras, presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura y Producción de Huancayo.

Añadió que el transporte de productos como alcachofas, zanahorias, papas, hortalizas, maíz y truchas para la exportación se perjudica con el bloqueo, mientras que el nivel de ocupación de los hoteles ha bajado considerablemente.

Alertó que si la medida continúa por más días, Junín quedaría desabastecido de combustibles, ya que éstos son adquiridos desde Lima. No hay que olvidar, mencionó, que cuenta con un importante parque automotor de 70 mil vehículos.

HISTORIA DE INCUMPLIMIENTOS. Los principales acreedores del complejo metalúrgico que opera Doe Run (El Brocal, Volcan, Cormin, Buenaventura y AYS) afirmaron ayer, en un comunicado, que la única solución al conflicto está en manos de su principal accionista, el millonario Ira Rennert, quien desde el 31 de marzo incumple el acuerdo al que llegó con esas empresas.

Como se recuerda, aquella vez Doe Run Perú tocó las puertas del Ejecutivo para pedir que se le amplíe el plazo para que cumpla su PAMA, pues se había quedado sin financiamiento para culminarlo, luego de que un sindicato de bancos (BNP Paribás, Banco de Crédito y Standard Bank) le negara un crédito por US$75 millones.

Por aquel entonces, se especuló que el Ministerio de Economía, a través de Cofide, le garantizaría este crédito. Sin embargo, fue el propio titular de esta cartera, Luis Carranza, quien descartó tal posibilidad y, junto con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció, a inicios de abril, un plan de rescate para la empresa por US$175 millones, el que, en su totalidad, sería asumido por los privados.

La entrega de ese rescate fue condicionada a que Doe Run capitalizara su deuda actual, ascendente a US$156 millones, y entregara el 100% de sus acciones al Gobierno como garantía del PAMA. Además, debía conseguir US$100 millones adicionales para cumplir este plazo. Solo después de que cumpliera estos compromisos, sus acreedores le facilitarían US$100 millones en concentrados para que continuara operando.

Pero han pasado más de dos meses y medio y, hasta ahora, la compañía no cumple los acuerdos. Los acreedores están enfadados ya que Doe Run les debe US$110 millones en total. Sin embargo, tienen las manos atadas.

Mientras tanto, los 3,500 trabajadores enfrentan la posibilidad de quedarse sin empleo. Doe Run les ha ofrecido darles “vacaciones’ durante 90 días y pagarles medio sueldo, pero su propuesta ha sido rechazada. Según ellos, su única opción es ir a la huelga para forzar al Ejecutivo a que intervenga.
Ahora, la empresa pide que se le amplíe nuevamente el cumplimiento del PAMA al menos por cinco años.

MAL EMPRESARIO. Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, una de las compañías acreedoras, explicó que acudir a Indecopi para declarar en insolvencia la minera solo beneficiaría a Rennert. Sucede que el millonario es, a través de Renco, el principal acreedor de Doe Run Perú y, ante un proceso como este, sencillamente recogería lo que se le adeuda y dejaría el país.

Rennert, que compró La Oroya en 1997, es conocido por un historial empresarial bastante conflictivo acumulado a través de sus diversas empresas en el mundo.

Por otra parte, se conoce que perdió cerca de US$200 millones de sus inversiones en el fraude piramidal de Bernard Madoff.