Una comisión especial creada en el gobierno de Valentín Paniagua determinó que solo a 3,781 trabajadores, despedidos ilegalmente por el régimen fujimorista, les asistía el derecho a reclamar beneficios. El informe de dicha comisión incluye la revisión de 42,151 trabajadores de 80 empresas públicas sometidas al proceso de promoción de la inversión pública.

Este es la conclusión del grupo especial creado por la Ley 27452 (mayo 2001) que revisó los ceses colectivos realizados entre los años 1991 y 2000 al amparo del D. Leg. 674. Dicha Ley fue modificada, en noviembre de 2001, por la Ley 27548 que prorrogó hasta el 31 de diciembre de ese año el plazo de entrega del informe final.

Esta comisión –presidida por el entonces ministro de Trabajo Jaime Zavala Costa– tenía la misión de determinar si esos trabajadores cesados habían cobrado sus beneficios sociales, así como el pago de incentivos.

La comisión especial entregó su informe el 2 de enero de 2002 a la Presidencia de la República –ya en el gobierno de Alejandro Toledo– y al Congreso. Se trata de la primera revisión de los ceses colectivos de la época de Fujimori y sus conclusiones fueron aceptadas por las centrales sindicales.

Para muestra un botón: En documentos de los propios despedidos de Pesca Perú del año 2002 se reconoce las conclusiones y se destaca que 1,635 de esos 3,781 correspondían a trabajadores de la pesquera nacional, y los restantes 2,146 a trabajadores de otras empresas privatizadas.

LA MULTIPLICACIÓN. Lo cierto es que el número de los beneficiados, a la fecha, se ha multiplicado en más de siete veces. El número de cesados que ha logrado la reincorporación, la indemnización o la jubilación anticipada llega a 28,345 personas, cuyos nombres fueron publicados en tres listados.

Esto sin contar a los que integrarán la cuarta lista, aún en evaluación.
En diferentes comunicados, las organizaciones sindicales destacan que son más de 300 mil los trabajadores cesados que reclaman beneficios.

Desde la ley primigenia (Ley 27452) se han dictado otras normas complementarias –entre ellas la Ley 27803, en la que se sustentan las tres primeras listas– que comenzaron por incluir a los que fueron cesados como consecuencia de los programas de evaluación y, con el correr del tiempo, fueron incorporando a los que renunciaron con incentivos. Ello por presión de las centrales sindicales que tuvieron a su cargo las llamadas Coordinadoras Nacional de Despedidos (Coordes).

Como ya es de conocimiento, la CTP, con Elías Grijalva, y la CGTP, con Manuel Cortez a la cabeza, organizaron en sus respectivos gremios dichas coordinadoras y establecieron sus propias reglas que –más allá del derecho que pudiera tener el trabajador cesado– obligaban al pago de cuotas, el apoyo a campañas electorales y a participar en movilizaciones y paros.