Nuevos elementos abonan a que debería haber una revisión de las listas de beneficiados por el tema de los ceses colectivos. La cuarta lista –que según el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, será publicada en los próximos días–, habría vulnerado su propio marco legal y despierta dudas en torno a la clasificación de los expedientes de los ex trabajadores cesados en el fujimorismo.

Fuentes de las propias centrales sindicales informaron de un hecho que amerita, por lo menos, una aclaración: El Ministerio de Trabajo, que hizo las veces de secretaría técnica, no hizo entrega total de los expedientes preclasificados a la comisión ejecutiva revisora en el plazo establecido (cinco días hábiles), incumpliendo así lo señalado en el artículo 4° de la Ley 29059, la llamada “Ley de la Cuarta Lista’.

Según se explicó, por esta razón los miembros de la comisión ejecutivo no pudieron hacer una calificación completa.

¿Qué expedientes evaluó la comisión si la secretaría técnica no hizo ninguna entrega oficial? ¿Y si la hubo, dónde están las actas respectivas que así lo certifiquen?, son las preguntas que han quedado flotando.

OTRAS IRREGULARIDADES. Las fuentes comentaron también el caso del representante de la CITE en la comisión ejecutiva, el abogado Álvaro Cole, quien habría defendido a un grupo de ex servidores cesados del Banco Central de Reservas (BCR) para su incorporación en la cuarta lista. Trascendió que estos y el propio Cole figurarían en dicha nómina, lo cual sería irregular.

Asimismo, las fuentes comentaron la situación de los cesados de la desaparecida Empresa de Transporte Urbano (Enatru). Como muchos recordarán, este proceso de privatización fue distinto al de los demás.

Los trabajadores renunciaron con incentivos y formaron empresas para participar en las licitaciones, adquiriendo buses que, en muchos casos, no terminaron de pagar. Trascendió que varios de esos trabajadores han resultado beneficiados en las listas.