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Los 34 niños que perdieron la vida en Puno no solo murieron por el frío y la neumonía, sino también por la inacción del gobierno regional de ese departamento, que tenía suficientes recursos –económicos y materiales– para evitar aquella cifra fatal, según el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

Por tal motivo, el funcionario le ha solicitado a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, la intervención del Ministerio Público para denunciar a los responsables.

A dicho pedido se sumó ayer el procurador anticorrupción, Jorge Luis Caldas, quien anunció que hoy irá hasta la Fiscalía de Puno para demandar que se investigue al presidente de la citada región, Hernán Fuentes.

Caldas indicó que Fuentes –y los que resulten involucrados por negligencia– podría ser denunciado por el delito contra la administración pública en las modalidades de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible.

“Las penas por estos presuntos delitos van desde los dos hasta los seis años de prisión. Conforme se desarrolle la investigación preliminar se podría comprobar la comisión o tipificación de otros tipos penales”, agregó.

TARDÍA REACCIÓN. Ante la ola de ataques y cuestionamientos a su gestión en el tema sanitario, Hernán Fuentes informó ayer que recién se viene poniendo en marcha un plan de contingencia destinado a enfrentar la ola de frío en el Altiplano.

Al respecto, precisó que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno ha declarado la alerta verde en todos los centros de salud, que contarán con una permanente presencia de personal médico.

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