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El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, invocó a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) a nombrar a las personas que participarán en la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo sobre los decretos legislativos que, según los nativos, afectan sus intereses.

Tras participar en una reunión del Acuerdo Nacional en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el jefe del gabinete adelantó que es “difícil” derogar las referidas normas porque haya sectores que se favorecen con ello, aunque agregó que se podrían hacer correcciones en que aquellas que perjudican a las comunidades nativas. “Ellos no serán afectados y están siendo sorprendidos”, subrayó.

En ese sentido, el premier pidió al Congreso a que actúe con “sabiduría” cuando tenga que debatir la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, referido a la Ley Forestal y Fauna Silvestre, que aprobó esta semana la Comisión de Constitución. “Invoco la sabiduría del Congreso y que se tomen decisiones que beneficien al país”, insistió.

En tanto, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, afirmó que si el Pleno del Congreso aprueba la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 se pondría en peligro la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Indicó que si el dictamen en minoría aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, cuenta con el apoyo de la representación nacional, el Perú haría un “papelón” a nivel internacional, en especial, con el país del norte.

“El decreto legislativo 1090 y las modificatorias forman parte del TLC entre los Estados Unidos y el Perú, si es que se deroga estamos poniendo en peligro la implementación del TLC y hacemos el absoluto ridículo, porque primero firmamos el TLC, cumplimos las normas para implementarlo y después las derogamos”, dijo en declaraciones que consigna la agencia oficial Andina.

IMPUGNARÍAN DECRETOS. En tanto, el vocero parlamentario del Partido Nacionalista, Freddy Otárola, afirmó hoy que su agrupación presentará una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos cuestionados por las comunidades nativas, en caso no sean derogadas en el Pleno del Congreso.

“Haremos uso de todas las herramientas contempladas en el marco legal. Nuestro grupo cerrará filas contra esos decretos, y si no son derogados en el Pleno parlamentario, impulsaremos una demanda de inconstitucionalidad”, dijo.

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