La tensión aumenta en la selva. El bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry – que ya tiene más de 10 días cerrada – por parte de los nativos volvió a perjudicar a los habitantes de Tarapoto, en San Martín. Se informó que, debido a esta medida de fuerza, los productos de primera necesidad han comenzado a escasear en la zona.

En las vías de acceso a Tarapoto hay una fila de autos de unos 10 kilómetros. Las frutas y otros alimentos que transportan los camiones se están pudriendo y los comerciantes no ocultaron su malestar. El precio del pollo de triplicó en esta provincia.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio del departamento de San Martín, John Arévalo, informó que en tres días la región quedará desabastecida de alimentos y combustibles si continúa el bloqueo de carreteras y vías fluviales.

Un grupo de nativos se enfrentó esta mañana a los transportistas que están varados desde hace días por el cierre de la carretera Fernando Belaunde. Aún se desconoce si la gresca dejó heridos o pérdidas materiales, informaron medios de la zona. El gremio de trabajadores de la zona estaría apoyando a los manifestantes.

Además, el tramo de la vía que une Yurimaguas y Tarapoto, a la altura del puente Cumaza, continúa cerrado y ocasiona gran congestión vehicular. Se supo, además, que el paro es total en la localidad y que gran cantidad de turistas brasileños está varado.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los indígenas, que acatan una huelga hace más de un mes, piden al Ejecutivo la aplicación y cumplimiento del convenio 169 de la OIT, en el que se contempla la consulta obligatoria a los pueblos indígenas para el ingreso de transnacionales a su territorio.

Asimismo, exigen el reconocimiento de las reservas territoriales a favor de los pueblos amazónicos y en aislamiento voluntario. Igualmente, solicitan al Congreso la reforma de la Constitución para que se incluyan normas que los amparen y la derogación de todos los decretos legislativos que consideran contrarios a sus intereses, entre ellos la Ley 29317-Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley de Recursos Hídricos y el D.L. 1064 que, según a Aidesep, elimina el derecho de negociación de las comunidades indígenas con las empresas a las que el Gobierno otorga concesiones.

PIDE DIÁLOGO. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, reiteró que “Perú es un solo país y que se respeta cada una de las culturas que existen”. Además, invocó a los nativos a formar una mesa de diálogo para definir cuáles son los principales problemas que les afectan.

“Aquí hay un solo discurso, pero hay gente interesada en que esto no se termine. Vamos a conversar, pero deben (los nativos) terminar con la medida de fuerza para que la mesa de diálogo se forme”, añadió Simon Munaro.

Ayer, el primer ministro y Alberto Pizango, presidente de Aidesep, trataban de solucionar el conflicto en una tensa reunión efectuada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en Mitaflores. Sin embargo, al término de la misma, el resultado no fue del todo alentador.

Según Simon, el encuentro fue positivo, pero añadió que se deberá seguir conversando para solucionar las demandas de los pueblos amazónicos. “Espero que en las próximas horas tengamos resultados concretos. El diálogo está abierto. No obstante, la huelga y el estado de emergencia continúan”, manifestó el titular de la PCM.

Por su parte, Pizango declaró a Perú.21 que el Gobierno “tiene que darnos opciones concretas para nosotros deponer nuestra medida de fuerza. Mientras tanto, yo no me responsabilizo de lo que pueda pasar en el interior del país. Allí, cada dirigente tomará su decisión”. Al respecto, la oficina de prensa de Aidesep precisó que Pizango le habría solicitado al premier que levante el estado de emergencia. Sin embargo, este no aceptó.

DATOS

• Según el Reporte de Conflictos Sociales Nro. 62, emitido por la Defensoría del Pueblo, el país registra, hasta el 30 de abril, 250 conflictos sociales de ocho tipos, reveló la Defensoría del Pueblo.
• De ellos, 21 casos (8%) son por asuntos de gobierno nacional, siete (3%) por asuntos de gobierno regional, 36 (14%) por asuntos de gobierno local (provincial y distrital), y 125 (50%) son conflictos socioambientales en los que las competencias corresponden tanto al Ejecutivo como a los gobiernos regionales.