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Continúa la toma. Por segundo día consecutivo un grupo de indígenas dejó sin agua y energía eléctrica la estación 5 de Petroperú, en la provincia loretana de Datem, como parte de la radicalización de sus protestas en el marco del paro nativo que hoy cumple un mes.

Según RPP, el dirigente Mamerto Maycua anunció que esta situación persistirá si el Gobierno no deroga un conjunto de decretos legislativos aprobados en el marco del TLC con Estados Unidos. Estos se refieren al derecho a la propiedad, a la privatización de la administración del agua y la inversión minera y de hidrocarburos.

El bombeo de crudo en la estación 5 está paralizado desde hace más de una semana.

Ante esta situación, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en diversos distritos amazónicos de los departamentos del Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas para restablecer el orden público en jurisdicciones donde se presentaron desmanes.

En un decreto supremo publicado hoy se establece que quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención en el Cusco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto; e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.

Este plazo tiene por objetivo la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes para la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos.

El decreto es refrendado por el presidente Alan García, el jefe del Gabinete, Yehude Simon; y los ministros de Defensa, Interior, Justicia y de Energía y Minas.

HAY MANIPULACIÓN POLÍTICA. Sobre la situación en la selva, Simon Munaro sostuvo esta mañana que existe una manipulación política detrás de las protestas.

En diálogo con RPP, dijo que estas comunidades han sido engañadas por sectores políticos que distorsionan los alcances de estas normas, señalando que apuntan a privatizar recursos naturales de la Amazonía.

No obstante, reconoció que el Estado tiene una cuota de responsabilidad por no establecer una comunicación más fluida con la Amazonía. “Los grupos amazónicos están tomando actitudes que no los ayudan en nada, porque el Estado puede detener esa violencia generada y podría producirse un fuerte costo social, que no nos interesa”, acotó.

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