La Fiscalía General de Venezuela acusó al alcalde de la ciudad de Maracaibo, Manuel Rosales, de enriquecimiento ilícito y solicitó el jueves su detención preventiva. El líder opositor replicó que la acción responde a “una orden” del presidente Hugo Chávez

La medida contra Rosales, quien se enfrentó al mandatario en las elecciones del 2006, coincide con una serie de acciones que ha tomado en los últimos días Chávez y la Asamblea Nacional para quitarle a los estados controladas por la oposición el manejo de las autopistas, puertos y aeropuertos, y pasarlas a manos del Ejecutivo.

Rosales, quien fue elegido alcalde en las elecciones regionales de noviembre, ha encabezado junto con el gobernador del estado occidental del Zulia, Pablo Pérez, una cruzada contra las medidas del mandatario y del congreso, integrado en su mayoría por aliados de Chávez.

“Me quieren callar, me quieren silenciar, me quieren borrar de la política, me quieren liquidar por los caminos verdes (vías ilícitas), pero yo lo voy a enfrentar igualito”, afirmó el dirigente durante un acto en Maracaibo.

LA ACUSACIÓN. La fiscal Katiuska Plaza dijo a la prensa que presentó este jueves ante un tribunal la acusación contra Rosales por el delito de “enriquecimiento ilícito” cuando fue gobernador del estado occidental del Zulia entre el 2002 y 2004.

Plaza indicó que además pidió la detención de Rosales. La fiscal justificó la medida señalando que lo hizo basado en las pruebas que recopiló.

Explicó que de acuerdo con las leyes el alcalde opositor podría ser condenado de 3 a 10 años de prisión.

La Fiscalía General dijo en un comunicado que el proceso contra Rosales se basó en un informe que presentó en julio del 2007 la Contraloría General sobre la declaración jurada de patrimonio que realizó como gobernador.

“Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluyó que Manuel Rosales registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor”, agregó el escrito.

“ES ORDEN DE CHÁVEZ”. Rosales rechazó de inmediato la acción de la Fiscalía General, y sostuvo que el proceso responde a “una orden de Chávez”.

“Este no es el Ministerio Público, esa es una orden de Chávez que la dio desde finales del año pasado y ha estado insistiendo en ese tema porque como todos sabemos en Venezuela no funcionan los poderes. Todos están doblegados ante la actitud militarista”, agregó.

Rosales afirmó que pese al proceso judicial seguirá enfrentando a Chávez, al que llamó “cobardón (porque) se amarra de los pantalones de los militares”.

“Con todo este tinglado Chávez lo que quiere es esconder la grave crisis que hay en este país”, dijo el alcalde asegurar que el gobernante está tratando de distraer la atención del país para imponer en breve un paquete de medidas económicas y enfrentar así la crisis fiscal generada por la caída del petróleo.

“Nos vamos a alzar. No te estés equivocando (Chávez) porque estás jugando con candela”, expresó Rosales horas después, durante un acto en la Alcaldía de Maracaibo ante cientos de seguidores.

El politólogo Ricardo Sucre dijo a la AP que el proceso emprendido contra Rosales, así como las regulaciones que aprobó la Asamblea Nacional para quitarle a la gobernación opositora del Zulia las autopistas, puertos y aeropuertos, buscan “generar conflicto para poner al Zulia a prueba”.

El Zulia es el estado donde se concentra la mayor cantidad de población, luego de la capital, y donde Chávez ha perdido los once procesos electorales que se han hecho en el país en la última década.

La Asamblea Nacional aprobó la semana pasada una reforma a la ley de descentralización que autoriza al Ejecutivo para intervenir las autopistas, puertos y aeropuertos que están en manos de las gobernaciones y alcaldías desde finales de la década de los 90.