Catia Gutiérrez, enviada especial a Winchumayo

Richard Macedo Condori trabajaba hacía cuatro meses en la mina Winchumayo, en el centro minero de Santa Teresa, distrito de Ituata, provincia de Carabaya, en Puno. No quería separarse de su familia y por eso se había trasladado a este lugar con su mujer, Rosa Portugal (22), y con su menor hijo, de tres años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el destino los separó.

El lunes, Richard dormía junto a su pequeño mientras su esposa recogía agua del río para preparar algo de comer. En ese instante, el ruido que vaticinaba la caída del violento alud comenzó a sentirse en todo el campamento, integrado por más de 37 familias. El hombre, con su pequeño hijo en brazos, intentó huir, pero fue muy tarde. El alud de lodo y piedras, que cayó como un hachazo desde la parte alta del cerro, arrasó con él, con su pequeño y con parte de su campamento de palos y plásticos azules.

Dos días después del lamentable desastre, el niño aún está bajo los escombros y Rosa tiene como único consuelo brindarle a su esposo un velorio digno bajo la lluvia y enterrarlo en su natal Ituata.

TESTIMONIO. En Ayapata, distrito al que ayer trasladaron a las víctimas antes de llevarlas a sus lugares de origen, los familiares esperaban con ansias a sus seres queridos. Apenas el helicóptero pisó suelo, madres y esposas protagonizaron desgarradoras escenas de dolor mientras buscaban, entre los cadáveres, alguna prenda u objeto que les permitiera reconocer a sus parientes.

Luz Marina Arce esperaba a su esposo, Avelino Miranda Sasayari, quien, pese a que fue arrasado por el huaico, está vivo, aunque perdió a sus dos hijos. Se trata de Richard Miranda Arce (17) y de Axel Miranda Arce (15), quienes habían estado trabajando en la mina desde el 2 de enero pasado y fueron a ayudar a su padre aprovechando las vacaciones escolares.

“Yo he trabajado 17 años en esa mina y nunca pasó nada. Por la necesidad de 300 o 400 soles que me pagan quincenalmente, decidí llevar a mis hijos, pero nunca imaginé que los perdería”, narró Avelino entre sollozos mientras lamentaba su decisión.

Su esposa lo abrazaba con la mirada perdida en el horizonte verde de la ceja de selva puneña, allí donde sus hijos partieron para no volver más.

CIFRA OFICIAL. Desde el instante en que se supo del siniestro, las versiones sobre el número de muertos y desaparecidos iban y venían. El fiscal provincial mixto de Carabaya, Jayme Pari López, fue uno de los primeros en llegar a la zona del desastre. Él caminó durante más de 15 horas en plena lluvia y por senderos que se cortaban para dar con los cadáveres, los cuales quedaron esparcidos en un radio de 10 km.

Ayer, Pari seguía trabajando y llevando víveres y ropa a los damnificados en el helicóptero de la Policía Nacional que salió de Ayapata. Los periodistas fuimos con él y observamos desde el aire lo agrietado de la pequeña trocha que permitía la llegada al lugar. Las marcas de los cerros registraban aún la gran cantidad de lodo y piedras que había caído, arrasando la tercera parte del campamento.

Tras una nueva inspección, el fiscal dio un mejor panorama de la cifra de muertos. “Hemos inspeccionado el sitio y hemos trasladado a todos los cadáveres que encontramos. Son ocho. Sin embargo, aún falta hallar los cuerpos de dos desaparecidos: Miguel Saywa y Helber Macedo Portugal, un niño de tres años. Yo creo que se los ha llevado el río porque en el lugar ya no hay más escombros que remover”, manifestó.

MUERTE POR TRAUMATISMO. De regreso a Ayapata, la misa de cuerpo presente a los fallecidos fue casi una obligación por las costumbres religiosas de los pobladores. No obstante, antes del rito, mediante un acta, el fiscal entregó los cuerpos a los médicos para que estos determinen las causas precisas de los decesos.

Víctor Candia, director regional de Salud de Puno, informó que traumatismos encefálicos severos habían ocasionado la muerte instantánea de la mayoría. Ninguno pereció por asfixia. Todos fueron golpeados por las piedras que el último lunes cayeron con violencia.

NIEGA RESPONSABILIDAD. El legislador aprista Tomás Cenzano, representante de Puno y accionista de la minera Winchumayo S.R.L., negó cualquier responsabilidad en la muerte de los 10 mineros como consecuencia del alud que arrasó el poblado aledaño al yacimiento.

En declaraciones a Perú21.pe, el parlamentario, quien tiene el 33% de acciones de este pequeña* minera informal, explicó que la empresa de la forma parte es una sociedad de responsabilidad limitada. Los son la Sociedad de Minera de Responsabilidad Minera Media Naranja, de la cual es gerente y representante, Roger Saya, alcalde de Ituata, quien tiene el 34 por ciento de las acciones y la empresa estadounidense Oro Vega. Esta última – según Cenzano – ha transferido su 33% de acciones a los mineros de la zona.

“Nunca hemos tenido trabajadores porque no lo han permitido (las autoridades). No pagamos planillas ni nos pagan regalías. No tenemos contacto con el proceso de explotación. Lo que intentamos hacer es el proceso de formalización”, afirmó, para luego añadir: “Por eso me sorprende que me hayan involucrado de que soy el responsable de esta situación”.