La compañía Offshore International Group Inc., propietaria de Petro Tech Peruana, fue vendida en el extranjero para evadir una cláusula del contrato que firmó esta última empresa con el Estado peruano, la cual señala que cualquier transacción debe hacerse de acuerdo con las normas nacionales y con la aprobación gubernamental vía un decreto supremo, opinó el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.

Herrera Descalzi explicó que esos dos requisitos están establecidos en la cláusula 17 del mencionado contrato. Además, refirió que si el Estado peruano aún no ha emitido el referido decreto supremo se entendería que no avala la transferencia de Petro Tech y que está ejerciendo su derecho a veto.

El pasado 6 de febrero, la matriz de Petro Tech Peruana fue vendida por 900 millones de dólares al consorcio formado por Ecopetrol, de Colombia, y National Oil Corporation (KNOC), de Corea. Sin embargo, esta operación fue objetada ayer por el presidente Alan García, quien pidió al Congreso que forme una comisión que investigue la venta de la empresa que perteneció a William Kallop, pues estaría involucrada en el escándalo de los ‘petroaudios’.

“Si Petro Tech quiere transferir (sus acciones) a un tercero, este tendría que ser previamente revisado por Petroperú para ver si tiene capacidad y solvencia económica, financiera y técnica, y si es que pasa, Petroperú tiene un plazo de 30 días para igualar la oferta. En caso desista, el Estado peruano tiene que dar su consentimiento a través de un decreto supremo”, dijo Herrera a Perú21.pe.

Consultado por las posturas de algunos abogados respecto a que solo hubo una transferencia de acciones y no la cesión de posición contractual, el también decano del Colegio de Ingenieros del Perú discrepó de las mismas y entendió que son formas de interpretar las normas.

Para Herrera Descalzi, esta situación no tiene por qué ahuyentar las inversiones en materia de hidrocarburos, ya que “lo único que está haciendo el Estado peruano es hacer respetar sus propios intereses, sin usurpar ni arrebatar derechos a nadie, pues no se está infringiendo nada legal”.