A primera hora de hoy, el fiscal Walter Milla, quien investiga el caso del “chuponeo’, presentó formalmente su denuncia penal – ante el juez Edwin Yalico Contreras – contra los directivos de la empresa Business Track (BTR), Elías Ponce Feijoo y Carlos Tomasio de Lambarri; los tres subalternos de la Marina de Guerra del Perú, Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Angles y el marino retirado Jesús Tirado Seguín, y contra la civil Giselle Giannotti Grados.

Así lo confirmó la fiscal de la Nación, Gadys Echaíz, en una conferencia de prensa en que precisó que la acusación por los presuntos delitos de interferencia o escucha telefónica y asociación ilícita para delinquir también alcanza a Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza, trabajadores de una service que presta servicios a la empresa Telefónica.

Echaíz precisó que la investigación fiscal abarca hasta el momento el 8 por ciento del material incautado en tres inmuebles de BTR. En ese sentido, precisó que están en poder de la Fiscalía 29 CPU, tres laptop, 26 discos duros, 246 diskettes, 672 discos compactos y 25 dispositivos de almacenamiento USB. Además, scanner modelo AOR AR8600MkIIU, equipos de interceptación de telefónos fijos y celulares en las frecuencias de VHF y UHF, así como documentos que acreditan la compra de aparatos para el espionaje telefónico y los costos de cada interceptación.

Pese a la cantidad de información contenida en los aparatos electrónicos incautados, Milla habría sustentado su acusación en las confesiones efectuadas por los subalternos de la Marina Martín Fernández, Jesús Ojeda y Jesús Tirado. Los tres han coincidido en señalar que Elías Ponce dirigía una presunta organización –BTR– dedicada al espionaje electrónico y telefónico. La información aportada por ellos es compatible con la versión del primer colaborador eficaz (N° 0917).

PASO A PASO. Fernández y Ojeda aseveraron que Ponce era la cabeza de la organización y que él les pedía realizar las escuchas. Según esta versión, “Tomasio tenía pleno conocimiento de las actividades de Ponce y participaba activamente en las mismas”. Incluso, Fernández ha referido que Tomasio era quien le entregaba las máquinas, debidamente habilitadas, para que fueran ubicadas en los puntos donde se iban a realizar las interceptaciones.

Los tres marinos les dijeron al fiscal y a los agentes de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) que Giselle Giannotti les exigía que apuraran (las transcripciones), para luego colocar esos productos “en el mercado”. De acuerdo con esta imputación, ella aparece como la encargada de contactarse con los posibles clientes para ofrecer esos servicios.

En el caso concreto de Jesús Tirado, fuentes con acceso a la denuncia detallaron: “Él ha reconocido que se hacía cargo de las transcripciones; ese tema está claro, ha admitido su participación en estos hechos”.

JEFES NO ADMITIERON NADA. Otro dato relevante, según informantes de este diario, es que, “en general, el trabajo se ha caracterizado porque las tres personas del nivel inferior (Fernández, Ojeda y Tirado) han aceptado y han colaborado. Las otras tres del nivel superior (Ponce, Tomasio y Giannotti), no”.

En varias oportunidades, la Policía y la Fiscalía les pidieron a estos últimos que admitieran quiénes eran sus clientes, así como qué empresas o personas contrataban sus servicios de interceptación. “Pero no lo hicieron y allí se cortó la investigación”, expresaron las fuentes.

HABLAN LOS ABOGADOS. En su defensa, Ponce Feijoo ha reiterado que su empresa solo se dedicó al barrido electrónico, y que los audios que se le encontraron “no son producto de un “chuponeo’ hecho por él, sino que le fueron alcanzados por fuentes anónimas que no puede revelar”, explicó su abogado.

En el caso de Tomasio, su defensor, Fernando Silva La Rosa, manifestó que no se le ha hallado ningún equipo de interceptación sino “tan solo un USB con documentos personales y con películas, y dos computadoras. La imputación del fiscal deberá ser sustentada sabe Dios con qué medios probatorios. Tendrá que pedir una ampliación solo por nuestro cliente, porque (contra él) no hay ningún valor probatorio”, alegó.

Y SOBRE LA QUEJA AL FISCAL... De otro lado, ayer, tras recibir el documento de la defensa de Tomasio –que exigía la realización de las diligencias en presencia de un perito en informática–, el juez Edwin Yalico opinó que “el fiscal tenía la obligación de cautelar la igualdad de herramientas (pruebas), tanto para los investigadores como para los acusados”. El fiscal Milla decidió elevar la queja que le remitió el abogado Silva al fiscal superior, quien deberá definir si Milla cometió o no irregularidades.