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Una nueva propuesta legislativa que busca beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales sentenciados en el marco de la lucha contra la subversión. Al proyecto presentado por el legislador aprista Édgar Núñez – que propone una amnistía -, se sumó la iniciativa de su colega de bancada Mercedes Cabanillas, quien plantea crear una comisión ad hoc encargada de proponer al presidente Alan García la concesión de indulto, la conmutación de la pena y el derecho de gracia al personal de las fuerzas del orden sentenciado que no tenga responsabilidad de delito ni haya cometido violación de derechos humanos.

Se trata del Proyecto de Ley Nº 2848, el cual ha recibido el respaldo de congresistas del Apra y de diversas bancadas, como la fujimorista, la nacionalista, la de Unión Por el Perú, entre otras, según informó el despacho de la congresista en una nota de prensa.

“La propuesta se ampara en el Artículo 118º (inciso 21) de la Constitución, y beneficia a aquellos miembros de las FF.AA. y de la PNP, que en el marco de la lucha por la paz hayan sido sentenciados por el fuero común o militar, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, ausencia de responsabilidad en el delito cometido”, señala el citado comunicado.

El planteamiento no comprende hechos que constituyan una grave violación de los derechos humanos, tales como, la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y desapariciones forzadas. “Los fundamentos de su recomendación serán sustentados por escrito”, precisó Cabanillas.

La referida comisión estará conformada por un representante del Ministerio de Justicia (que será el presidente), el defensor del Pueblo – o su representante -, así como un funcionario del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, de la Iglesia Católica, y del Concilio Evangélico Nacional.

Cabanillas informó, además, que esta comisión podrá recomendar medidas legislativas en el marco de los procesos iniciados a los miembros de las FF.AA. y de la PNP, con el propósito de afianzar el respeto a los derechos humanos, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

De acuerdo con la propuesta, el grupo comenzará sus funciones al día siguiente de su instalación, la que será en un plazo máximo de 10 días a partir del día de promulgación de la norma. Además, tendrá 120 días de funcionamiento, prorrogables por una sola vez.

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