Proyecto polémico. El fujimorismo busca evitar que el periodismo difunda audios o videos obtenidos de manera ilegal, es decir, a través de interceptación telefónica o grabaciones sin consentimiento, así dicho material revele actos ilícitos, tal como ocurrió con los ‘petroaudios’ que destaparon los negociados en el proceso de licitación de lotes petroleros para favorecer a la empresa Discover Petroleum.

El congresista fujimorista Rolando Sousa anunció esta mañana la presentación de un proyecto de ley que modificará los códigos de procedimientos penales, de ejecución penal y procesal penal, de modo que los periodistas se vean impedidos de difundir audios o videos de origen ilegal si no cuentan con autorización judicial y se ven obligados a entregar este material a la autoridad correspondiente, es decir, al Ministerio Público.

“Es necesario que haya un procedimiento legal sobre el manejo de los audios y videos no solo del periodismo, sino de cualquier persona, tal como existe en la legislación extranjera cuando se trata de material ilícitamente obtenido”, arguyó el legislador, quien forma parte de la comisión del congreso que investiga el tema de las interceptaciones telefónicas, conocidas como ‘Chuponeo’.

En ese sentido, precisó que una de las grandes conclusiones a las que debe llegar la comisión que investiga el tema de las interceptaciones telefónicas es no solo que se determine quiénes están detrás de este tipo de prácticas; sino establecer cuál es la legislación conexa a fin de evitar que haya un mercado de audios.

LA DISYUNTIVA PERIODÍSTICA. A propósito del ‘Petroescándalo’, mucho se ha hablado estos días sobre la conveniencia o no de que el periodismo difunda grabaciones obtenidas ilícitamente. Hay situaciones excepcionales en que sí es legal, porque nuestro marco constitucional lo permite, y hasta una obligación hacerlo, dijo el director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda.

Estos casos se dan, dice Uceda, cuando un periodista tiene una información de relevante interés público que debe ser conocida por los ciudadanos y que ha sido – como en los ‘petroaudios’ – obtenida de un modo ilícito. Con la restricción que plantea Sousa hubiera sido imposible que la opinión pública se entere de las irregularidades en la licitación de lotes petroleros, escándalo que salpicó a varios miembros del Gobierno y que provocó la renuncia del Gabinete Del Castillo en su conjunto.

“El asunto ético en el periodismo generalmente se enfatiza en un sentido restrictivo: ‘no hagas esto, no te propases’, pero pocas veces se enfatiza en la responsabilidad de informar. Esto es lo primero”, señaló en una entrevista publicada ayer en Perú.21. Es más, dijo que la difusión de los audios no solo es legal, sino que tiene una “efecto profiláctico” pues esto va a favorecer a que los procesos públicos en general se lleven mejor.