*Autor: Michael A. Zárate

A estas alturas del ‘Petroescándalo’, el lector debe estar haciéndose una pregunta. ¿El periodismo debe usar grabaciones obtenidas ilícitamente?*
Yo creo que sí de manera excepcional, porque nunca hay que perder de vista que el método de búsqueda del periodismo es un rastreo que se hace de manera abierta. El periodismo no utiliza métodos de los servicios de inteligencia, pero hay situaciones excepcionales que se producen cuando un periodista tiene una información de relevante interés público que debe ser conocido por los ciudadanos y ha sido – como en este caso – obtenida de un modo ilícito. Ahí hay una confrontación sobre qué es lo más importante.

He ahí el dilema.
El asunto ético en el periodismo generalmente se enfatiza en un sentido restrictivo: ‘no hagas esto, no te propases’, pero pocas veces se enfatiza en la responsabilidad de informar. Esto es lo primero. La difusión de los audios es legal –porque nuestro marco constitucional lo permite– y es también una obligación. Pero presenta problemas éticos en casos que pueden ser profundos.

Ahí quería llegar. Si la prensa no difunde los audios, no cumple con informar; y si los difunde, dicen que es parte de objetivos siniestros.
Pero yo creo que el dilema principal es otro. Cuando la prensa difunde material ilegal, de algún modo está haciendo una especie de pacto con el diablo. La pregunta es: ¿quién va a salir beneficiado? ¿Voy a estar trabajando para los intereses de quienes quieren que esto se difunda o es el ciudadano quien va a salir más beneficiado? Si creemos que el ciudadano va a salir más beneficiado, lo publicamos. No es una decisión fácil. No es una decisión perfecta. Pero es una decisión valiente.

El congresista Aurelio Pastor sostiene que la mayoría se equivoca cuando declara – según una reciente encuesta – que no importa el modo de obtención de los audios, con tal de que se descubra la corrupción.
Es pertinente repudiar y perseguir las escuchas ilegales. Entiendo el punto de vista de Pastor, para cuyo sector ha significado un durísimo golpe político la difusión de los audios. Aquí, efectivamente, hay unos audios que están sirviendo, de algún modo, al propósito de quienes lo difundieron, pero que hasta ahora han tenido principalmente un efecto profiláctico.

¿Un efecto profiláctico?
Me pongo en el papel de un editor que recibe estos audios, los cuales pueden tener dos orígenes: o de un servicio de inteligencia o de un sector privado que busca beneficios concretos. De lo que yo he leído deduzco lo siguiente. Si ha sido Petrotech no creo que haya una reversión del sistema de contratos que lo beneficie. Si han sido las cementeras no creo que el arancel se vaya a reabrir. Por lo tanto, no veo que el hecho de difundir estos audios ponga a la prensa en el carril que supuestamente beneficia a estas empresas.

¿La difusión de los ‘Petroaudios’ ha sido positiva?
Ha sido muy positiva. Fíjese que más de veinte hospitales van a ser construidos entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, vamos a construir carreteras como nunca antes, va a haber una gran inversión. Entonces, creo que esto va a favorecer a que los procesos se lleven mejor. Y diría más. Hasta va a haber un mayor control para las chuponeadoras, porque ha generado una reacción en el Ministerio Público y en el Congreso. Pero yo no digo que esto sea lo deseable, pues esto se produce porque los mecanismos de lucha contra la gran corrupción no existen realmente en el país.

¿Recuerda usted algún caso similar al de los ‘Petroaudios’?
El caso más similar se produjo en Brasil en 1998, cuando la revista Veja publicó cuatro audios – obtenidos ilícitamente – que demostraban que el gobierno estaba manipulando la privatización de Telebras (la empresa telefónica estatal). Se produjo la renuncia de altos funcionarios. Luego, el diario Folha de Sao Paulo publicó el contenido de 46 cintas de 90 minutos cada una. El entonces presidente Fernando Henrique Cardoso había sido chuponeado en dos de ellas. Las cintas demostraron que Cardoso había autorizado su nombre para presionar a una empresa en el marco de la manipulación de la privatización. Nunca se supo, hasta hoy, la historia del chuponeo, pero quedó la sospecha de que fue un espionaje industrial. Se acusó, sin pruebas, al dueño de Telemar, Carlos Jereissati.

¿Qué argumentos esgrimió Folha para la difusión de aquellos audios?
No fue una decisión fácil para Folha, que tiene el mejor sistema de autorregulación de América Latina. Ellos se preguntaron si debían esconder el material o si el público brasileño merecía conocerlo. Optaron por lo segundo. Pero también hay otras situaciones en las que el periodismo se involucra en la actividad ilegítima. Y ha habido casos. Yo creo que, en la década anterior, en el Perú se ha pagado para obtener información confidencial del Servicio de Inteligencia. Eso evidentemente está reñido con la ética profesional.

¿Qué consecuencias negativas podría generar el ‘Petroescándalo’?
Aunque lo veo distante, porque el presidente García ha tenido una reacción muy clara y saludable, de todas maneras pueden progresar tendencias a favor de que haya restricciones legales al uso de este tipo de grabaciones en el periodismo. No me llamaría la atención que esto se produzca y –es bueno decirlo ahora– esto no concuerda con la Constitución que tenemos.

Usted me hablaba de una situación parecida en Ecuador.
Sí. En Ecuador, luego de que se revelaran varias grabaciones de interés público por parte de Ecuavisa, el presidente (Rafael) Correa, en forma inconstitucional, emitió un decreto para prohibir la difusión de grabaciones clandestinas o toda grabación que no esté autorizada. De hecho, una difusión como la que hemos visto aquí, no podría producirse en Ecuador. Entonces, no podemos descartar que una iniciativa así ocurra acá, lo cual sería negativo. Pero podrían haber otras consecuencias.

¿Como cuáles?
Una autocensura por parte de los propios medios. Uno de los puntos de mayor interés para los observadores será ver si los medios cambian sus principios editoriales. Los ‘Petroaudios’ han podido salir porque en estos medios de comunicación está separada la parte empresarial – que responde a los accionistas – del director, que responde básicamente al ciudadano. Sería negativo que hubiese un cambio en la autonomía editorial de los directores.

¿Un medio de comunicación debe guardar información con tal de no afectar la gobernabilidad?
Nosotros no podemos ser extraños a la consecuencia de lo que publicamos. Cuando se sabe algo, las consecuencias políticas, sobre todo, pueden ser traumáticas para un país. Pero nuestro rol es informar al ciudadano para que este decida políticamente, y toda restricción sobre las consecuencias lleva a que nosotros no lo digamos. Entonces, este asunto de la gobernabilidad puede ser extendido como chicle para que tú no digas una cosa o tal otra, y yo creo que son discursos equivocados, que proceden de una falta de cultura de lo que es el periodismo. Todo esto que ha pasado con los ‘Petroaudios’ no ha afectado en lo más mínimo la gobernabilidad. Más bien la ha beneficiado.

En este caso de los ‘Petroaudios’ se ha cuestionado mucho las fuentes de información. Hay quienes se preguntan cuáles son sus intenciones.
Es que yo creo que la labor de la prensa no debe ser solo la difusión de estos audios, sino realizar una investigación. Por eso me parece muy bien que la revista Caretas haya ido a Santo Domingo, pero hay un montón de cosas que debe producir la búsqueda misma. Por cierto, la prensa debe proteger a sus fuentes, y ese es otro dilema ético.

Exacto. ¿Hasta qué punto un periodista debe proteger a su fuente?
Para quienes tienen un compromiso con una fuente, ese es un principio que, a veces, está más allá de la ley. Estas preguntas solo la puedes responder si tú eres un periodista de principios. Si tú lo eres, y estás imbuido de que tu función es que la gente esté mejor informada, y estás completamente ajeno a una actividad delictiva, pues puedes entrar en tensión con la ley. Esto no se lo recomiendo a nadie, pero yo he tenido reuniones sistemáticas con una persona que ha estado perseguida durante años por asuntos informativos, y tranquilamente un juez me ha podido acusar de obstrucción de la justicia. Son contradicciones que tienen que enfrentarse, pero yo no me siento para nada un delincuente. Katherine Graham, del Washington Post, ha pasado una tarde en prisión por no dar una fuente.

Otro cuestionamiento que se les ha hecho a los medios es que hayan difundido los audios de a pocos.
Ahí no cuento con una opinión, porque tendría que ponerme en el papel de un editor y saber cuándo y cómo obtuvo el material. Pero acá hay dos asuntos de fondo. En primer lugar, tenemos un país totalmente incapacitado para pelear contra la gran corrupción. Pero también es cierto que el periodismo está con muy pocas herramientas. La corrupción que importa, que es esta que estamos viendo, ¿cómo la va a seguir el periodismo? Se requiere una capacitación mucho mayor del periodista para, por ejemplo, saber cómo seguir el dinero, cómo investigar el lavado, cómo dedicarle tiempo a esto.

¿Y eso lo ve en el periodismo?
Yo estoy preocupado porque no estamos viendo eso en el periodismo. Y esta capacitación tienen que darla empresas totalmente convencidas de que el fruto de esa búsqueda puede hacer que se les malogren negocios, que no los inviten a la cena del rey de España y generarles otra serie de problemas. Por eso es muy importante la independencia editorial de los medios. Esto lo digo para que se haga verdadero periodismo de investigación, porque esto de los audios no es periodismo de investigación. Es, simplemente, la difusión de audios alcanzados a la prensa.

¿Dónde cree que radique hoy el mayor poder en el Perú: en los medios, en la política, en las empresas privadas?
Yo creo que hay una enorme pelea por el poder en el país. Hay una hegemonía ideológica y operativa del sector empresarial, en cuyo carro está el Gobierno y, hasta cierto punto, muchos medios de comunicación.

¿Cómo debe ser la relación entre la prensa y el poder?
Crítica. El periodismo debe ser independiente, no tener relación con los poderes y ser equitativo. Es decir, dar la mayor información posible sobre la base de una diversidad de fuentes.

Se suele decir que la prensa solo publica lo malo y que el país necesita buenas noticias. ¿Usted qué piensa?
Es muy común eso por parte de un gobernante. El gobernante teme a la prensa. La prensa lo fastidia. Creo que acá hay un gobierno que tiene buenas intenciones – lo digo sobre todo por el premier – y una serie de defectos, pero el sistema de presentar los hechos por parte de la prensa es, de por sí, imperfecto: es reducido, busca aristas que interesen a la gente y no es un sistema que valore lo más importante, sino lo más llamativo. Pero eso es insoluble. Los presidentes se quejan siempre de la prensa y García no es el más llorón.

¿Quién es el más llorón?
Yo creo que Rafael Correa. Más que Hugo Chávez, incluso.

A todo esto, ¿cómo ve usted el caso de Magaly Medina?
No discuto la decisión judicial. Yo preferiría que no sean penalizados los delitos por difamación, injuria o calumnia.

Me pongo del lado de las víctimas de Magaly y le pregunto: ¿Qué castigo pecuniario valdría si ella es alguien que gana 80 mil dólares mensuales?
No podemos llevarnos solo por el caso de Magaly Medina, sino por todas las circunstancias posibles que pueden ser originadas en la penalización. Si esto implica un ánimo para que los jueces sigan metiendo presa a gente por delitos de difamación, injuria y calumnia, podríamos tener problemas que después lamentaríamos.

¿Es periodismo lo que hace Magaly?
Es mal periodismo. Diría que es casi una actividad comercial, porque busca vender imágenes de quienes están en problemas con su pareja para tener más ráting y después tener más ingresos. No hay un fin de informarle a la gente. Es un periodismo que es discutible en su esencia de periodismo. No quiero decir que no sea periodismo. Todo el mundo es periodista ahora.