El ex ministro de Defensa Roberto Chiabra se mostró en desacuerdo con la intención de amnistiar a los policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha contra el terrorismo, ya que — según dijo — le corresponde al Poder Judicial determinar la inocencia o culpabilidad de estas personas.

El parlamentario aprista Édgar Núñez informó que presentará un proyecto de ley para amnistiar a los “más tres mil oficiales y suboficiales que se hallan inmersos en procesos judiciales por sus acciones en la lucha antisubversiva en años pasados”.

En diálogo con Perú21.pe, Chiabra afirmó que a muchos militares y policías no les gustaría que se les otorgue la amnistía o el indulto sobre la base de un delito que no han cometido. Además, dijo, se estaría metiendo en un mismo saco al personal que cumplió con su labor y a los que incurrieron en excesos.

En ese sentido, aseveró que en vez de aprobarse este tipo de iniciativas se debería acelerar los juicios al personal policial y militar, ya que estos demoran entre seis a ocho años, además de que esto va acompañado de impedimento de salida del país y embargo de sus bienes.

Ante esa situación, Chiabra planteó la creación de fiscalías y juzgados ad hoc, los cuales tendrían el pleno conocimiento de cómo fueron las operaciones de las Fuerzas Armadas en su lucha contra Sendero Luminoso.

“Un jefe de batallón, que tiene a su cargo 600 o 800 hombres, forma sus patrullas y da las órdenes, y cada patrulla actúa en forma autónoma. Hay patrullas que cumplen muy bien su misión, respetando todas las reglas, y hay otras que cometen los excesos, pero no por eso vas a involucrar a todas las patrullas y al Estado Mayor”, enfatizó.

Asimismo, remarcó que en caso se apruebe la ley de amnistía, esta no tendría aceptación a nivel internacional, habida cuenta que la jurispruedencia supranacional rechaza cualquier tipo de perdón a los delitos de lesa humanidad.

Frente al número discordante de la Defensoría del Pueblo, que señala que hay 665 oficiales procesados, mientras que Núñez asegura que son más de 3 mil, Chiabra precisó que son entre 800 a 1,000, los cuales en su mayoría son oficiales de alta graduación.