Peru21.pe

AFP. El ex dictador argentino Jorge Videla, de 82 años, fue trasladado el viernes a una cárcel común, al perder el beneficio de la detención domiciliaria en causas que se le siguen por crímenes de lesa humanidad y robo de bebés durante la última dictadura (1976-1983).

Videla, un ex general que es la figura emblemática del sanguinario régimen que asoló al país durante siete años, está acusado por unos 1.500 casos de terrorismo de Estado, entre ellos centenares de secuestros y 30 homicidios.

El militar que comandó el golpe de Estado y derrocamiento de la presidenta Isabel Perón (1974-1976), está imputado, además, en la investigación por cambio de identidad de unos 500 hijos de prisioneros políticos, nacidos en cautiverio, de los cuales casi un centenar han sido restituidos a sus familias de sangre.

“La cárcel de Campo de mayo cuenta con el equipamiento, la infraestructura y el personal necesario para atender cualquier emergencia médica”, del detenido, quien gozaba del beneficio para personas mayores de 70 años, dijo el juez Noberto Oyarbide.

El penal ubicado dentro del predio de Campo de Mayo, el mayor cuartel del Ejército, dependió de la fuerza terrestre hasta diciembre de 2007 cuando pasó a la órbita del Servicio Penitenciario Nacional, que tomó a su cargo la custodia de los militares presos allí, a pedido del ministerio de Defensa.

Oyarbide hizo lugar así a un pedido de la secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, recordó su titular, Eduardo Luis Duhalde, a través de un comunicado de prensa.

Los organismos de Derechos Humanos vienen reclamando que los condenados o encausados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura sean llevados a cárceles comunes y no se beneficien con el arresto domiciliario o la reclusión en cuarteles militares.

Videla había sido condenado por un tribunal civil a reclusión perpetua en el histórico juicio a las Juntas de Comandantes en 1985, pero fue indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem (1989/99).

Aquel indulto fue considerado inconstitucional por la Justicia en 2007, en un fallo judicial aún no confirmado por la Corte Suprema.

Pero aún así, pueden avanzar otras causas en su contra, como la de ser parte del Plan Cóndor de coordinación represiva entre dictaduras latinoamericanas y el robo de recién nacidos.

Centenares de miles de personas fueron desaparecidas, asesinadas, exiliadas además de despedidas de sus lugares de trabajo durante la dictadura que impuso un plan económico liberal conducido por su ideólogo, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.

Comentarios (9)