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Por Zarella Sierra Peralta. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que solo la documentación que contiene información sobre temas de defensa del Estado y la que está incluida dentro de una investigación fiscal o judicial tienen carácter de ‘Reservado’. Basado en dicha norma, el pasado 5 de setiembre, este diario solicitó a la Dirección General de Administración del Congreso las copias de los recibos que justifican los gastos operativos de cinco parlamentarios de diversas tiendas políticas.

Ayer, luego de comunicarnos vía telefónica con esta oficina para informarles que, pasados los siete días útiles que dispone la norma para contestar, aún no obteníamos respuesta, llegó a esta redacción una carta a través de la cual el hoy ex director general de Administración del Parlamento, José Aróstegui Girano, informaba que tal requerimiento había sido rechazado.

CULTURA DEL SECRETO. Luego de que se revelara que el hoy suspendido congresista José Anaya había ‘inflado’ varios comprobantes de pago de la pollería Yorlas –presentó boletas con montos de hasta S/.400 diarios– para sustentar los S/.7 mil que se le otorga por gastos operativos, esta solicitud al Parlamento por parte de la prensa era más que esperada.

Así, resulta extraño que, pese a que esta documentación tiene carácter público, el Congreso –más precisamente su Oficialía Mayor– se haya amparado en la presunta auditoría que, desde el 15 de agosto, se realiza sobre la rendición de cuentas de los legisladores para negar el pedido.

Dice la Oficialía Mayor, encargada de cumplir lo dispuesto en la Ley N° 27806, que “los informes y acciones de control están sujetos al principio de reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que podría dificultar la misma”.

Nada más lejos de la verdad. El artículo 10 de la Ley de Transparencia indica que “las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ellas (las entidades) o que se encuentre en su posesión o bajo su control”.

Solo la información incluida en un proceso de investigación que implique necesariamente sanciones administrativas o penales puede mantenerse bajo llave, precisa la norma. Una auditoría, por tanto, no cumple con este requisito pues podría concluirse que todo está de acuerdo a ley y, entonces, no habría irregularidad por sancionar, tal como explicó a este diario el contralor Genaro Matute.

MUTIS EN LA PLAZA BOLÍVAR. Al ser consultado, el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, se excusó de responder. “La ley dice que la entidad nombra a un funcionario encargado de dar información, y ese es el Oficial Mayor, así que hable este tema con él, porque yo solo tengo que cumplir la ley, yo no estoy en el detalle. La ley dice que la entidad designa al funcionario encargado de dar la información, ese no soy yo, porque soy presidente del Parlamento”, refirió Velásquez.

Lamentablemente, tras seis infructuosas llamadas, fue imposible comunicarnos con José Abanto Verástegui, Oficial Mayor del Legislativo.

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