Además:

Piden ejecutar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Jueves 28 de agosto del 2008 | 01:26

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) afirmó que el Estado debe otorgar una indemnización a los militares que presenten secuelas físicas y psicológicas provocadas por su permanencia en zonas de emergencia.

Ronald Gamarra dijo que la mejor forma de reconciliarnos es leyendo el informe final de la comisión.
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El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, afirmó que, para lograr la reconciliación nacional tras los años de violencia interna que vivió el país, es necesario que se ejecuten las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que hoy cumple cinco años de haber sido presentado.

“No creo que los peruanos nos hayamos reconciliado, pero esto sigue siendo una aspiración de muchos sectores. No puede haber paz si nos negamos a reconocer la verdad de lo sucedido en los años de la violencia política y tampoco si es que no hay justicia previa. La mejor forma de reconciliarnos es leyendo el informe final de la CVR y tratando de poner en ejecución las conclusiones y recomendaciones que ahí se señalan”, manifestó Gamarra en diálogo con Perú21.pe.

Además, agregó que la reconciliación tampoco se podrá conseguir si es que los peruanos que viven en zonas rurales y tiene mayores carencias no se benefician del desarrollo económico del país, “y si es que se le siguen negando los derechos básicos a la población”.

Según Gamarra, la colectividad “le debe un gran favor” a la CVR porque permitió conocer el trágico saldo de la guerra política en el país. Sin embargo, aclaró que así como se reconoce que fueron los grupos terroristas los que iniciaron la violencia interna a principios de los años ochenta, “no se puede cerrar los ojos frente a los actos de malos elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía”.

Por esto, comentó que es deber del Estado reivindicar a las víctimas de la violencia interna y que también es su obligación otorgar una indemnización a los militares que presenten secuelas físicas y psicológicas producto de su estancia en zonas de emergencia.