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En los últimos días, las extrañas movidas que favorecen al ex presidente Alberto Fujimori han incrementado las sospechas de que el apoyo de los fujimoristas a los apristas en la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso no habría sido gratuito.

Primero fue la variación del régimen penitenciario del ex mandatario (con visita de Los Iracundos incluida) y el viernes pasado el sorpresivo cambio de Luis Bromley de la jefatura del Instituto de Medicina Legal (IML).

En ambos casos, el Gobierno puede alegar, como ya lo viene haciendo, que son temas que no le competen directamente, aunque ayer el propio Bromley ha dicho que no tiene dudas de que fue apartado de su cargo luego de ganarse el odio de los fujimoristas por haber minimizado la lesión cancerígena que el ex presidente sufría en la boca y por negarse a la posibilidad de que se suspendiera el juicio en la Diroes.

“Mi posición (en el tema Fujimori) ha sido incómoda sin lugar a dudas, si no no hubieran pedido mi renuncia”, reconoció el ex jefe del IML a Perú.21.

Inicialmente, Bromley había intentado explicar su separación como una “renovación” necesaria en toda institución, pero luego tuvo que admitir que esta situación “coincide” con “otros hechos externos que no tienen mucho que ver con el instituto”, haciendo tácita referencia a los cuestionamientos de los fujimoristas hacia su persona y a las negociaciones para la elección de la Mesa Directiva.

No obstante ello, Bromley quiere llevar la fiesta en paz y prefiere pensar que el “malestar” que ha generado su posición en el caso Fujimori no influyó en la decisión de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, al momento de aceptar su renuncia.

GATO ENCERRADO. Sin embargo, para los congresistas de oposición, la decisión de la fiscal Echaíz de dar por concluida la labor de Bromley al frente del IML, así como el cambio de régimen carcelario de Fujimori, forman parte del paquete de beneficios que negociaron los fujimoristas con los apristas a cambio de su apoyo en la elección de la presidencia del Congreso.

“Esta situación confirma que el apoyo a la Mesa Directiva viene en paquete. Primero, la variación de régimen carcelario y ahora el Instituto de Medicina Legal. Hay un pacto para lograr la impunidad y eso es peligroso”, comentó Fredy Otárola, vocero del Partido Nacionalista Peruano (PNP).

Por esta razón, el congresista consideró necesario que la titular de Justicia, Rosario Fernández, explique al Congreso estos sorpresivos cambios, que –a su entender– no hacen más que confirmar que el Apra ha copado el Poder Judicial y ahora atenta contra el Estado de derecho y la independencia de este organismo y del Ministerio Público.

Para Víctor Andrés García Belaunde (Alianza Parlamentaria) esta situación “llama a sospecha” y sería parte de los “arreglos” entre el oficialismo y los fujimoristas que ahora empiezan a dar luces. “La ministra tendría que dar una explicación coherente de estos cambios”, comentó.

Al igual que Otárola y García Belaunde, Oswaldo Luízar (UPP) ve con recelo lo que está ocurriendo con el caso Fujimori tras la elección de la nueva Mesa Directiva presidida por el aprista Javier Velásquez Quesquén.
“Acá hay gato encerrado y esto se tiene que aclarar. Vamos a plantear que se investiguen estos escándalos, ya sea en la Comisión de Fiscalización o en alguna otra comisión especial”, señaló a Perú.21.

LO NIEGAN. Por la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, negó, una vez más, que la variación del régimen penitenciario de Alberto Fujimori responda a un acuerdo político para lograr la reelección del oficialismo en la presidencia del Congreso.
Según el jefe de gabinete, fue una comisión técnica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y no el Gobierno la que decidió variar el régimen carcelario del ex mandatario y que se le hizo la consulta, en su oportunidad, al Poder Judicial.

“En el INPE existe una comisión técnica que cataloga y define el estatus carcelario de cada procesado de acuerdo con la gravedad de los delitos por los que se le acusa, sin injerencia política de ninguna clase”, señaló.

Al igual que Del Castillo, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, reiteró que su despacho no tuvo nada que ver en este tema e incluso negó que se haya reunido con legisladores fujimoristas con la finalidad de negociar beneficios para el ex presidente.

“Como parte de mi trabajo sostengo reuniones con legisladores de diversas bancadas, pero no he conversado nada sobre el cambio de régimen carcelario de Fujimori porque no tengo nada que decir al respecto”, afirmó en CPN Radio.

Fernández, como lo hizo en la víspera, aseguró que el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad de intervención en este tema, y consideró que se están haciendo conjeturas sin fundamento y se está forzando este problema de manera innecesaria.