La ministra de Justicia, Rosario Fernández, negó hoy haberle endosado al Poder Judicial la responsabilidad por los beneficios otorgados al procesado Alberto Fujimori, al variar el rígido régimen especial por el permisivo régimen ordinario.

En diálogo con CPN Radio, señaló que existe el interés de confrontar al Ejecutivo con las autoridades judiciales. No obstante, el pasado miércoles manifestó que el Instituto Nacional Penitenciario hizo esta variación por un oficio remitido por el presidente de la Sala Penal Suprema, César San Martín.

“Me parece absurdo que yo afirmara que el Poder Judicial establezca el régimen penitenciario, siendo el INPE el que se encarga de la administración este punto y que lo fija basándose en la imputación delictiva, que es competencia de Poder Judicial. Hablé con el doctor César San Martín y me parece que compartimos esta opinión”, manifestó Fernández.

Cabe destacar que San Martín subrayó ayer que “el tribunal en ningún momento ha indicado cuál es el régimen penitenciario, cuál debe ser y, por cierto, ni disponemos tramitar ni ordenamos ejecutar disposición alguna con el régimen penitenciario. Legalmente, la primera palabra la tiene el INPE”.

En otro momento, la ministra negó la intervención del Ejecutivo en este cambio para obtener el apoyo de la bancada fujomorista en la elección de la Mesa Directiva del Congreso.