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La Justicia argentina confirmó anoche el procesamiento del exdictador Jorge Rafael Videla y otros cuatro miembros del régimen militar por la muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida el 4 de agosto de 1976.
Los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba imputaron a Videla el delito de "homicidio calificado" de Angelelli, que iba en una camioneta que volcó cuando otro vehículo realizó una maniobra intencionalmente brusca.
El crimen de Angelelli, sostuvo el dictamen judicial, "se enmarcó en el plan sistemático de eliminación de personas desplegado por las Fuerzas Armadas" entre 1976 y 1983. El obispo viajaba junto al sacerdote Arturo Aído Pinto, que sobrevivió al hecho.
Angelelli llevaba consigo una carpeta con información sobre los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, cometidos el 18 de julio de 1976 en la provincia de La Rioja, a 1,100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
Además de Videla, la confirmación del procesamiento alcanzó a los exmilitares Albano Eduardo Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Juan Carlos Romero.
El exdictador reveló en una entrevista periodística difundida el domingo último la complicidad de la Iglesia católica con el régimen militar que gobernó la Argentina y los crímenes de lesa humanidad que perpetró.
Videla afirmó que el exnuncio apostólico Pío Laghi, el excardenal primado de la Argentina Raúl Primatesta y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas o desaparecidas.
La Iglesia "ofreció sus buenos oficios" para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda, declaró el exdictador a la revista El Sur de Córdoba.
Sin embargo, también hubo sacerdotes que se opusieron a la represión del gobierno militar y que fueron asesinados, como el propio Angelelli. Unas 30,000 personas desaparecieron durante la última dictadura militar en Argentina, según estimaciones de las organizaciones de derechos humanos.
