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El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue imputado hoy por "abuso de debilidad" en el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt, dentro de la investigación abierta sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña que lo llevó al Elíseo en 2007.
El exgobernante, quien hasta ahora gozaba del estatus de "testigo asistido", compareció hoy ante el Palacio de Justicia de Burdeos durante varias horas, en las que mantuvo un careo con el mayordomo de Bettencourt, Pascal Bonnefoy.
El juez quería determinar cuántas veces visitó el domicilio de la mujer durante la campaña, con el objetivo de estimar si abusó de la debilidad de la heredera del imperio cosmético L'Oréal para conseguir fondos.
El defensor de Sarkozy, Thierry Herzog, consideró la imputación "injusta e incoherente", y aseguró que apelará inmediatamente.
"El Señor Sarkozy no está por encima de la ley y sobre todo no hoy", había declarado por su parte el abogado de Bonnefoy, el letrado Gillot, cuyo cliente mantiene que el exmandatario galo visitó a Bettencourt en varias ocasiones, frente a la única vez confirmada por este.
La nonagenaria, según se reveló en octubre de 2011, sufre una "demencia mixta" y el mal de alzhéimer en un "estado moderadamente severo", y la sospecha de que Sarkozy pudo aprovecharse de sus problemas mentales para sacarle dinero partió del testimonio de la antigua contadora de la empresaria, Claire Thibout.
Esta declaró en 2010 a la Policía que tres años antes el administrador de la familia, Patrice de Maistre, le pidió 150,000 euros en efectivo para entregárselos al entonces tesorero de la campaña electoral de Sarkozy, Eric Woerth.
El caso se destapó por casualidad dentro de una investigación paralela por una disputa familiar llevada a los tribunales por la hija de Bettencourt, Françoise Meyers, y Sarkozy es la decimoséptima persona inculpada en el mismo.
En noviembre de 2012 y tras un interrogatorio que se prolongó durante más de 12 horas en ese mismo Palacio de Justicia, Sarkozy acabó solo con el estatus de testigo asistido, lo que significaba que en ese momento no se encontraron pruebas suficientes contra él, pero que podía ser llamado de nuevo a declarar.
Los medios especularon este jueves con la posibilidad de que los jueces decidan restringirle la posibilidad de viajar o incluso retirarle su pasaporte, lo que acabaría, según los mismos, con sus conferencias sobre política internacional que ha dado en el extranjero desde que dejó el Elíseo.
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