Es una escalada sin precedentes en las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, el gobierno mexicano ha anunciado la ruptura total de relaciones después de que la policía ecuatoriana irrumpiera la Embajada mexicana en Quito la noche del último viernes. La incursión tuvo lugar poco después de que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, recibiera asilo político por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
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Glas, quien fue una figura destacada en la política ecuatoriana y cercano colaborador del expresidente Rafael Correa, se encontraba refugiado en la Embajada mexicana para evitar enfrentar nuevas acusaciones de corrupción por las cuales ya había cumplido cinco años de cárcel. La medida de asilo política otorgada por México fue interpretada como una intervención directa en los asuntos internos de Ecuador por el gobierno de Daniel Noboa.
El asalto a la Embajada de México fue descrito como un acto violento y autoritario por parte de las autoridades mexicanas. Agentes enmascarados y armados irrumpieron en el recinto, rompiendo las rejas y llevándose a Glas por la fuerza en una furgoneta negra.
Autoridades mexicanas se pronunciaron
El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada mexicana, Roberto Canseco, relató el incidente como una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía mexicana. “Estoy muy preocupado porque puedan matarlo [a Glas]. No hay ningún fundamento para hacer esto. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la Embajada”, expresó.
La respuesta de México no se hizo esperar. El presidente López Obrador anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador a través de sus redes sociales, calificando el asalto como una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía de México. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicanas, Alicia Bárcena, declaró que el derecho de asilo es sagrado y ordenó la evacuación de todo el personal diplomático mexicano en Ecuador.
Además, México ha anunciado su intención de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional, especialmente en lo concerniente a la inviolabilidad de las embajadas según lo establecido en la Convención de Viena.
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