Durante 2022 se detuvo en flagrancia a 173 delincuentes a nivel nacional. (Foto: Jorge Cerdan/El Comercio)
Durante 2022 se detuvo en flagrancia a 173 delincuentes a nivel nacional. (Foto: Jorge Cerdan/El Comercio)

El 5to Juzgado De Investigación Preparatoria del dictó condena de cinco años de prisión efectiva contra James Lenin Farfán Saavedra, delincuente reincidente que fuera detenido en flagrancia el último 14 de enero mientras robaba cables de los postes en el Fundo La Chalaca en el Callao.

Desde junio 2021, esta persona fue capturada en cuatro oportunidades cometiendo este delito y fue procesada en dos oportunidades en 2022, recibiendo en ambos casos sentencia de prisión suspendida por 3 y 2 años.

¿Cómo afecta el robo de cables?

El robo de cables de telecomunicaciones, cuyo objeto es la comercialización del cobre en el mercado ilegal, es un delito que va en aumento y que no solo perjudica a los clientes al interrumpir la conectividad, perjudicando estudios, trabajo y negocios.

Estos robos impactan con especial gravedad a los servicios públicos y del estado, como hospitales, comisarías, bomberos, etc. afectando a toda la ciudadanía.

Además de interrumpir las comunicaciones, los robos de cables ponen en peligro a la población ya que en la mayoría de casos los delincuentes dejan al descubierto cámaras subterráneas, lo que constituye un grave riesgo para los transeúntes y vehículos que pasan por la zona.

Robos

En 2022 se registraron 55 eventos de robos de cable en todo el país, lo que perjudicó a más de 95 mil personas, siendo Lima y Callao las regiones con mayor incidencia en el país, seguidas de Trujillo y Piura.

Sin embargo, la labor de la policía se ve truncada por la falta de órdenes de prisión preventiva por parte de las autoridades. El robo de cables de telecomunicaciones es un delito que tiene penas que van desde los 4 a 8 años de prisión efectiva.

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precisa que hoy más que nunca la conectividad y los servicios de telecomunicaciones son fundamentales para todos los peruanos, lo que incluye que las personas estén comunicadas y los servicios públicos y privados como hospitales, bomberos, etc. puedan seguir funcionando.

Asimismo, realiza un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto sospechoso que pueda atentar contra los servicios de telecomunicaciones e invoca a las autoridades judiciales brinden la debida diligencia a estos casos y sancionar, como indica la ley, a los responsables.

Datos

Durante 2022 se detuvo en flagrancia a 173 delincuentes a nivel nacional.

En los últimos doce meses solo 2 delincuentes han sido sentenciados a prisión efectiva.

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