Vladimir Cerrón y su madre exigen que les devuelvan sus casi S/3 millones

En agosto de 2022, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó la incautación de los casi S/3 millones que Vladimir Cerrón y su madre Bertha Rojas mantenían bien guardados en cuentas bancarias. Era la prueba irrefutable de que el dueño de Perú Libre manejaba altas sumas de dinero y abonaba a la hipótesis del fiscal Richard Rojas sobre un aparente lavado de activos.

Desde marzo de este año, madre e hijo intentan recuperar el dinero cuya procedencia no saben explicar.

Rojas, una profesora jubilada de 74 años, pidió ese mes al Poder Judicial que le descongele tres cuentas: en una guarda S/385,535; en la otra US$235,554, que al cambio en soles asciende a S/871,549; y en la tercera conserva S/30,609. Es decir, ella sola amasa 1 millón 287 mil 693 soles.

La docente alegó que en marzo de 2022 se cumplió el periodo de ocho meses de congelamiento dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que por ello la medida deber ser revocada.

Sin embargo, en la audiencia del último miércoles, el juez Leodan Cristóbal rechazó ese requerimiento. Cristóbal aclaró que, si bien la decisión de la UIF se extinguió, está vigente la incautación ordenada el año pasado por el juez Chávez Tamariz y esta dura todo el proceso penal.

Bertha Rojas, quien es una activa militante de Perú Libre, tiene otra cuenta en el Banco de la Nación con S/67,811 y es propietaria de un inmueble adquirido en 2012 a S/30,000, de otro que le costó S/47,000 en 2019 y de un departamento en Lima que adquirió en 2018 a S/378,627.

También compró dos vehículos marca Honda, uno a US$24 mil y otro a US$34 mil.

Cuando fue consultada en el interrogatorio por el fiscal Rojas sobre la procedencia de esos recursos, la docente guardó silencio, según conoció Perú21.

Debido a la poca claridad en el manejo de su patrimonio, el Ministerio Público concluyó que la investigada es, en realidad, “testaferra” de su hijo.

En las mismas

Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, ha requerido al juez Cristóbal que se le devuelva todo el dinero que le incautaron en agosto del año pasado. El monto total es de 1 millón 613 mil 570 soles.

A diferencia de su madre, Cerrón tiene 1 millón 236 mil 543 soles por cobrar a través de un cheque de gerencia con el banco Interbank y tiene otra cuenta en el banco BBVA con S/377,027.

El cheque es el que Cerrón intentó retirar en julio de 2021 cuando se acercó a una agencia del banco ubicada en Lince. Esa vez se enteró en ventanilla de que la UIF había congelado sus fondos tras conocer su condena a cuatro años de prisión suspendida.

El argumento del exgobernador regional de Junín para revertir el congelamiento es que la orden judicial dispone la intervención de una cuenta bancaria, mas no de un cheque.

Esos fondos, sin embargo, ya se encuentran incautados y están en manos del Pronabi. El juez aún debe tomar una decisión con respecto a este pedido.

Desde que Pedro Castillo fue vacado por perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre, Cerrón ha perdido protagonismo mediático pero no poder.

Con Dina Boluarte en el Ejecutivo, la exautoridad regional ya no tiene más influencia en el gobierno; no obstante, su bancada en el Congreso le permite tener control político.

Una muestra de ello es que las bancadas de derecha del Parlamento —entre ellas Fuerza Popular, APP y Acción Popular— votaron parar eligir a Josué Gutiérrez, abogado de Cerrón Rojas, como defensor del Pueblo. Un desenlace fruto de un acuerdo, sin dudas.

El dueño de Perú Libre afronta actualmente múltiples procesos penales que no le impiden tomar trascendentales decisiones políticas.

Se lo sindica de encabezar Los Dinámicos del Centro, la organización criminal que se enquistó en el Gobierno Regional de Junín para cobrar cupos, e incluso de haber dirigido millonarios contratos en favor de sus allegados.

Según la investigación fiscal, las actividades ilícitas que se le imputan serían el origen del exorbitante patrimonio que ha pretendido ocultar.

El local de Perú Libre en Breña, por ejemplo, no figura en los registros de la Sunarp, como lo reveló este diario. Si bien la escritura pública confirma que hubo un desembolso de US$220 mil para la compra de este bien, no hay certezas sobre la fuente del dinero.

Cerrón dice que la plata llegó luego de una colecta entre los militantes de su partido, pero los cálculos no cuadran.

Este diario se contactó con José Llumpo, uno de los abogados de Cerrón, para conocer si insistirán con la recuperación del dinero, pero se abstuvo de dar declaraciones. La misma estrategia de su patrocinado cuando le toca hablar ante el Ministerio Público.

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