Más de US$183 millones de la UAP fueron a empresas de fachada de Joaquín Ramírez

El 3 de noviembre de 2017, la suerte de la familia Ramírez cambió. Muchos años amagaron la justicia y se protegieron bajo las –oportunas– inmunidades parlamentarias. Hoy, casi seis años después, el hermano mayor, Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, ve cómo las autoridades del Ministerio Público lo despojan de la inexplicable fortuna que amasó junto a sus allegados.

“Este es el segundo caso más grande de lavado de activos en el Perú después de Rodolfo Orellana. Más de mil millones de dólares y 295 bienes van siendo incautados”, dijo ayer el ministro del Interior, Vicente Romero, quien aún no salía del asombro.

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En setiembre de 2017, la suerte les sonreía a los Ramírez. Una fiscal de Lavado de Activos, Sara Vidal, decidió archivar el caso bajo el argumento de que los peritos del Ministerio Público demoraron en finalizar sus análisis y que “no se encontraron indicios suficientes de desbalance patrimonial tras las investigaciones a las empresas del excongresista”. Sin embargo, dos meses después, en noviembre, y tras la apelación de la Procuraduría Antidrogas –a cargo entonces de Sonia Medina–, la fiscal superior Elizabeth Peralta le jaló las orejas a Vidal y decidió reabrir el caso.

La Fiscalía acusa a Joaquín Ramírez de fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos. Para el Ministerio Público, el actual alcalde de Cajamarca, celebró una serie de contratos fraudulentos con la Universidad Alas Peruanas –de propiedad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE)–, donde su tío, Fidel Ramírez, era el rector, para así facturar más de 183 millones de dólares.

Esta cifra “es el resultado de las operaciones comerciales que se habrían producido entre las empresas del procesado Joaquín Ramírez Gamarra y la Universidad Alas Peruanas (UAP), en las cuales fungía como director, gerente y rector la persona de Fidel Ramírez Prado”, sostiene el Ministerio Público.

MAGIA BLANCA

¿Qué pasó con los US$183 millones? Para la Fiscalía, el dinero obtenido por los actos fraudulentos “fue insertado al sistema económico a través de diversas modalidades de lavado”.

Joaquín Ramírez creó 22 empresas y adquirió 28 inmuebles con las ganancias ilícitas provenientes de los contratos con la UAP, según la pesquisa fiscal. Entre las compañías están Promotora Juan Pablo II, Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción, Promotora Inmobiliaria Primavera, Constructora e Inmobiliaria Habitaria, etc. Las propiedades van desde oficinas y tiendas hasta departamentos.

El Ministerio Público ha identificado que, desde 2019, Joaquín Ramírez ha logrado transferir seis propiedades, “lo que evidencia que está disponiendo de los bienes ilícitos con la finalidad de evitar su incautación y posterior decomiso”, señala la Fiscalía.

Con toda esta serie de pruebas y elementos, el fiscal de Lavado de Activos, Wilson Salazar, acudió al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria para que este disponga la incautación de más de 290 bienes a nivel nacional vinculados al caso. El juez Víctor Zúñiga aceptó el requerimiento, y ahora Joaquín Ramírez y compañía están contra las cuerdas.

El excongresista, después de enterarse del megaoperativo, ha dicho que “toda una vida yo siempre me he puesto a derecho. Creo que esto es una decisión abusiva, pero no he leído la orden judicial. Tenemos un recorrido empresarial extraordinario e intachable”.

El fiscal Salazar informó que en total se viene investigando a 14 personas, entre los que se encuentran también Osías Ramírez (excongresista), Maribel Ramírez, Nancy Ramírez y otras personas vinculadas al fallecido rector de la UAP, Fidel Ramírez Prado.

QUERÍAN LUCRAR CON OTRA UNIVERSIDAD

En enero de 2018, el programa Primer plano, dirigido por el periodista Jaime Chincha, reveló que Joaquín Ramírez quería cumplir el sueño de la universidad propia después de haber gozado de los beneficios proveídos por la Universidad Alas Peruanas. Es así como procedió a crear la Privada Juan Pablo II.

Sin embargo, para lograr dicho cometido, usó de manera irregular los documentos de la empresa Promotora Juan Pablo II, que en 2010 había logrado obtener un permiso ante el extinto Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades (Conafu).

La tía de Joaquín Ramírez, Nancy Gallegos, quien también era accionista de Promotora Juan Pablo II, lo denunció por falsificación de documentos. En octubre de 2017, Gallegos envió una carta en la que advierte a la Sunedu –órgano que reemplazó al Conafu– que sus funcionarios habían sido sorprendidos con los documentos que no le pertenecían a la razón social Universidad Privada Juan Pablo II SAC, sino a Promotora Juan Pablo II S.A.

En el documento se pidió que “se deje sin efecto el procedimiento de licenciamiento que viene siguiendo la persona jurídica Universidad Privada Juan Pablo II SAC”.

En diciembre de 2019, la Sunedu le negó definitivamente la licencia de funcionamiento por no cumplir con las condiciones mínimas de calidad para el dictado de clases.

Finalmente, el sueño de Joaquín Ramírez no se cumplió, y esto se convirtió en la pesadilla de decenas de alumnos que apostaron por estudiar en dicha casa de estudios.

La Fiscalía sostiene que Promotora Juan Pablo II –de Joaquín Ramírez y su tía Nancy Gallegos– también fue una empresa de fachada que sirvió para lavar activos.

Ayer, los dos inmuebles comprados bajo el paraguas de esta empresa también fueron incautados por el Ministerio Público y pasaron a manos del Pronabi.

SONIA MEDINA: “SABEMOS QUE EL DELITO PRECEDENTE ERA EL NARCOTRÁFICO”

Por una queja puesta por parte de la Procuraduría Antidrogas se reinicia la investigación, pero en ese ínterin se me retiró del caso. Evidentemente han sido grandes patrimonios los que se han acumulado durante muchos años y, desde que tenemos conocimiento, el delito precedente era narcotráfico. Por eso es que inclusive fue materia de mi competencia.

Hoy por fin se dio la incautación de los bienes, que, a mi libre entender, debió darse mucho antes. Cuando hay una acumulación de grandes patrimonios, si no se incauta en el tiempo debido, estos bienes se van perdiendo de alguna manera. Es propio y natural que las organizaciones traten de deshacerse de los bienes de alguna manera.

Tampoco es tarde para haber actuado, por lo que felicito este megaoperativo. De alguna manera se está dando combate al lavado de activos y a los delitos precedentes que genera este último.

Si la Fiscalía ha llegado a este punto, junto a la Procuraduría competente, a propiciar estas medidas cautelares, deberían también darse algunos allanamientos más y detenciones porque, como sabemos, estos patrimonios no son abstractos; hay autores de la generación de toda esta masa acumulada. Sobre ellos debería recaer una medida cautelar. Es lo natural que debe suceder en estos casos.

TENGA EN CUENTA

• En noviembre de 2017 se designó al fiscal de Lavado de Activos Wilson Salazar Reque como el responsable de investigar a la familia Ramírez.
• En julio de 2019, el fiscal Salazar comunicó al juez de investigación preparatoria que formalizó su denuncia contra Joaquín Ramírez y los que resulten responsables.