Los peajes: el capricho de López Aliaga

Entre los funcionarios que participaron en las reuniones que sostuvieron Rafael López Aliaga y los representantes del fondo canadiense Brookfield, las últimas dos semanas, aún cuesta entender por qué el alcalde de Lima se ha empecinado en tomar la administración de los peajes de Rutas de Lima a como dé lugar.

El burgomaestre ha usado un discurso moral. Su sustento es que ese contrato nació “corrupto” porque Susana Villarán, su predecesora en el cargo, firmó el acuerdo en 2013 a cambio de recibir financiamiento ilegal de Odebrecht para salvarse de la revocatoria.

Con esa suscripción, el consorcio está obligado por 30 años a mejorar y mantener 31.5 kilómetros de la Panamericana Norte, desde Ancón hasta el óvalo Habich; 54.1 kilómetros de la Panamericana Sur, desde el Trébol de Javier Prado a Pucusana; y 29 kilómetros de la carretera Ramiro Prialé, desde la Vía de Evitamiento hasta el puente Los Ángeles, en Chosica.

Pero si bien la promesa de la autoridad edil fue romper toda relación con Rutas de Lima, en las citas convocadas este mes por el ministro de Economía, Alex Contreras, se dejó en claro a López Aliaga que ese escenario no era posible.

Anular el contrato de concesión unilateralmente, como aprobó el concejo metropolitano de Lima en febrero pasado, pone en riesgo la seguridad jurídica y eleva la desconfianza de las inversiones hacia el Estado peruano.

Además, la comuna limeña ya perdió un arbitraje en 2020, provocado en 2017 por el exalcalde Luis Castañeda cuando anuló el contrato del peaje Chillón. El municipio tuvo que resarcir con S/230 millones a Rutas de Lima.

Entonces, se pusieron otras cartas sobre la mesa de negociación. Una de las alternativas la hizo pública el alcalde: pagar a Rutas de Lima “una compensación” para que abandone los peajes.

La cifra, que las partes no han querido revelar, no fue aceptada por la firma canadiense, que es la accionista mayoritaria desde 2016, cuando compró el 57% de participación a Odebrecht.

Según las fuentes consultadas, el monto ni siquiera se acercaba a la inversión que Rutas de Lima ha desembolsado hasta 2022 y que suma S/2,200 millones.

Contreras, por su lado, aclaró que el Ministerio de Economía no desembolsará un sol para esos fines.

“Lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes, que lleguen a un acuerdo y que no se rompa el contrato, queremos que se respete”, declaró posteriormente el ministro a la prensa.

Otra propuesta fue reducir el precio del peaje, que cuesta S/6.50. Según las fuentes, Brookfield no se opuso a ello, pero ese cambio demandaría ampliar los 30 años de concesión al menos por una década más.

La otra opción presentada oficialmente por el fondo de inversión es que la municipalidad acepte aplicar una adenda al contrato que autorice el retiro de Odebrecht, que ha reconocido el pago de coimas a políticos peruanos, como accionista.

Brookfield espera desde 2021 una respuesta para modificar el acuerdo; sin embargo, la comuna no les ha contestado hasta ahora.

Un último planteamiento, sin mayor viabilidad, fue que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) supla a la municipalidad en representación del Estado.

En todas esas posibilidades Rutas de Lima estaba presente, algo que no fue del gusto del líder del partido Renovación Popular.

Esta semana, López Aliaga demostró su fastidio ante los medios por esta situación y señaló que no habrá más diálogo, al menos de su parte.

“Vi que no había salida, ya era una tomadura de pelo, me han hecho perder dos semanas y media de mi vida (…) el Poder Judicial tiene que actuar en lo penal y en lo constitucional”, declaró.

De esa forma abrió otro flanco de disputa, la vía judicial, pese a que ya hay otro arbitraje en medio que evalúa un tribunal ad hoc de Naciones Unidas y que, según especialistas, el Estado estaría destinado a perder.

En los encuentros convocados por el MEF, los presentes sacaron una conclusión: el alcalde no quiere intermediarios, quiere que la Municipalidad de Lima maneje los peajes.

Y hay una razón detrás para entender esa desesperación, una que va más allá de cumplir una promesa de campaña.

Saco roto

Rafael López Aliaga ha contado a su círculo más cercano la causa de su embestida diaria a Rutas de Lima: su gestión no tiene presupuesto para ejecutar obras.

Perú21 conoció que el funcionario señaló a su gente de confianza que el peaje es la única fuente de ingreso que podría encaminar rápidamente su administración. Esta versión se condice con las expresiones públicas del alcalde.

En marzo de este año, a tres meses de asumir el cargo, López Aliaga salió en ATV a decir —muy a su estilo— que la municipalidad no tiene presupuesto.

“Encontré una ‘muni’ que no tiene un mango, que está quebrada, que tiene cero de caja… no jodan pues”, manifestó.

Un mes después repitió el discurso. “Me encuentro sin dinero, me encuentro con 600 millones de soles de pago a proveedores corrientes, el alcalde que se fue (Miguel Romero) dejó el (puente) Huaycoloro impago”, dijo en Latina.

Según el portal Transparencia Económica, la comuna limeña tiene a su disposición S/1 mil 412 millones 747 mil 329 para gastar este año en actividades y proyectos de inversión.

En este último concepto, el municipio cuenta con S/334 millones 989 mil 526, de los cuales ya usó el 51.4%. No obstante, hasta el momento no se ven, por ejemplo, las 10 mil motos que prometió para que el Serenazgo luche contra el crimen en las calles.

Tampoco hay un panorama claro con su propuesta de “anemia cero”. En julio se conoció que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social contará con S/48 millones adicionales para financiar las ollas comunes. Pero esa fue iniciativa del Ejecutivo, no de la Alcaldía.

Mientras tanto, el alcalde de Lima sigue responsabilizando a Susana Villarán de los males que lo aquejan y no menciona que su amigo y exlíder Luis Castañeda promocionó como suyas las obras que Rutas de Lima ejecutó.

En 2015, el fallecido exfuncionario no dudó en hacer afiches con su característica firma “Lucho Castañeda” y su representativo color amarillo para publicitar el anillo vial de Naranjal, ubicado en Los Olivos.

Ese mismo año hizo lo mismo con la vía de 20 kilómetros que uniría la pista Ramiro Prialé y Chosica. Castañeda Lossio continuó con las obras del consorcio cuando Odebrecht mandaba y las usó para sacar réditos políticos.

¿Hasta dónde será capaz de llegar López Aliaga con los peajes? Este diario le consultó vía WhatsApp si era consciente de que ponía en riesgo la seguridad jurídica del país. Su respuesta fue derivar las preguntas con su prensa, que hasta el cierre de esta edición tampoco contestó.

La vez que la Municipalidad de Lima perdió en arbitraje con Rutas de Lima

Esta semana, el Ministerio de Economía comunicó que el Estado peruano perdió un nuevo arbitraje. Esta vez por desconocer en 2017 el contrato de concesión del aeropuerto Chinchero, que estará ubicado en Cusco, suscrito con las empresas Kuntur Wasi y Corporación América S.A.

Aunque el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) no ha precisado aún el monto a pagar, se trata de un costo que asumirán los peruanos.

Para marcar una tendencia, en 2015 la Contraloría informó que el Estado no pudo ganar en el 70% de los arbitrajes que se le iniciaron por contrataciones públicas.

En números, esas derrotas en la vía arbitral representaron S/1,128 millones de las arcas públicas que sirvieron para indemnizar a contratistas privados.

En ese contexto, el arbitraje iniciado por Rutas de Lima contra la Municipalidad de Lima puede marcar otro revés para los limeños.

En 2020, el laudo arbitral emitido por el CIADI, luego de que Rutas de Lima demandara a la comuna por anular el peaje Chillón, no acogió las evidencias de corrupción presentadas al considerarlas “indicios”. Y aún no hay sentencia judicial contra Susana Villarán.

Pero, sobre todo, concluyó que el germen del contrato fue un acuerdo lícito, y sin evidencias de actos de corruptos, del Concejo Metropolitano de Lima, que en 2012 declaró de interés la construcción de la vía.

“El Tribunal Arbitral no dispone de indicios suficientes para concluir que el proceso de adjudicación haya sido manchado por corrupción. Eso, por supuesto, no significa que la adjudicación no pueda haber sido obtenida por medios corruptos. Simplemente, el Tribunal no tiene evidencia alguna para concluir que así fue, y, por lo tanto, tiene que asumir que el proceso de adjudicación fue válido”, indicó el fallo.

La historia se puede repetir con la nueva controversia iniciada por López Aliaga, quien ha señalado que llevará el caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos por “vulneración a la gente más pobre de Lima”.

Esta vez no será el CIADI sino un tribunal ad hoc de Naciones Unidas el que resolverá el conflicto. El panorama no luce prometedor.