La calma retornó a Moquegua, pero la indignación creció en Tacna. Ni bien el Congreso aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo que modifica la Ley del Canon Minero, enardecidos pobladores se pusieron en pie de lucha y salieron a las calles para rechazar tal decisión, dejando a su paso una estela de destrucción. Antes de las 12 m, la protesta se había desbordado. Los locales públicos y privados fueron blanco de las hordas violentistas y hasta Chile sufrió las consecuencias cuando un grupo ingresó desafiante a su territorio, presumiblemente, con el ánimo de llamar la atención. Al promediar las 11 a.m. –según informó a Perú.21 el periodista Alberto Vega, de Radio Uno–, más de 100 personas, que desde la noche anterior se habían movilizado por la Panamericana Sur, se dirigieron hasta el límite con Chile y, después una confusa situación, un grupo traspasó la frontera. Los carabineros del vecino país reaccionaron y detuvieron a siete, entre ellos a tres periodistas, quienes luego fueron liberados. Durante el día, la carretera estuvo bloqueada y solo se permitió el pase de los buses de transporte internacional. Mientras eso sucedía en la frontera, en el centro de la ciudad una turba atacó la sede de la Gobernación, que no pudo ser repelida por la Policía debido a la diferencia numérica. El periodista Marco Sánchez relató que los manifestantes sacaron los enseres de las oficinas y los quemaron en medio de la calle y, no contentos con ello, incendiaron el inmueble, obligando al gobernador a escapar por una de las ventanas. Los revoltosos también atacaron los locales de la Sunat, del Apra y de Radio Uno. La violencia no cesó hasta entrada la noche, cuando unos 300 agricultores de los distritos de Ilabaya, Locumba e Ite dinamitaron la tubería subterránea, en Ite, que conduce 200 litros de agua por segundo a la población del Puerto de Ilo. TENSO DEBATE. Pero los ánimos también estuvieron caldeados en la sede del Congreso, donde la modificación de la Ley del Canon generó confrontaciones no solo entre apristas y nacionalistas, sino también en el mismo seno del oficialismo. El legislador tacneño Jorge Flores tomó distancia de la postura gobiernista y se alineó con sus coterráneos, encabezados por el presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez. Fue, sin duda, una sesión accidentada de principio a fin. A partir del momento en que, en medio de airados reclamos al Gobierno por parte de un sector de la oposición, se rechazó la cuestión previa para que el dictamen retornara a comisiones, hasta cuando –con apenas 40 votos sobre 39– los bloques del Apra, UN y UPP aprobaron exonerar la norma de segunda votación, dejándola expedita para su promulgación por el Ejecutivo. A este clima de tensión contribuyó la inesperada decisión del titular de la región Tacna y de una veintena de autoridades ediles de 'tomar’ uno de los ambientes del Parlamento, donde ofrecieron una conferencia en la que anunciaron una huelga indefinida y la presentación de una acción de inconstitucionalidad si la norma no es observada por el Ejecutivo. Hoy, por lo pronto, las autoridades tacneñas esperan entrevistarse con el premier Yehude Simon y con el presidente Alan García. No obstante, el primer ministro aseguró en la tarde que no habrá borrón y cuenta nueva, y adelantó que a los responsables de los actos de violencia en Tacna les caerá todo el peso de la ley. “NO HAY QUE MECER”. De otro lado, el comandante general del Ejército, Edwin Donayre, se pronunció sobre las movilizaciones sociales e instó a las autoridades del Ejecutivo a que no incurran en falsas promesas. “La mejor manera es sentarnos a conversar, pero no mecer (hacer falsas promesas). Hay que darles respuestas y soluciones satisfactorias y que se tenga el compromiso de cumplir con esos acuerdos”, afirmó. Asimismo, advirtió que si las movilizaciones sobrepasan la capacidad disuasiva de la Policía, las FF.AA. podrían ayudar en la restauración del orden público.