Los vínculos de la empresa Comunicore, beneficiada en enero del año 2006 con el sospechoso y veloz pago de una deuda de S/.36 millones, efectuado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, no solo se limitaron a sus acuerdos privados con la transnacional Relima, que era, originalmente, la titular de la acreencia. Nuevos documentos obtenidos por Perú.21 ponen en evidencia que los nexos de esa compañía alcanzaron a la comuna capitalina, y no precisamente a los niveles medios y bajos. Este diario está en condiciones de afirmar que uno de los vínculos entre la Municipalidad de Lima y Miguel Garro Barrera, cerebro de la millonaria operación y vinculado a Comunicore –como él mismo lo señaló a Perú.21–, es nada menos que el gerente municipal del municipio, Carlos Chávez Málaga, inamovible en la administración metropolitana desde 2003 y hombre de máxima confianza del alcalde Luis Castañeda Lossio desde los tiempos en que este presidió el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador o, simplemente, Caja del Pescador. En estas dos últimas instituciones, Carlos Chávez Málaga ocupó cargos gerenciales del más alto nivel. El segundo vínculo evidenciado por este diario es a través del abogado Guillermo Palacios Dodero, socio de Miguel Garro Barrera y, a la vez, asesor externo de la comuna de Lima a través de su estudio, Palacios & Torrejón Abogados. Los detalles se los contamos a continuación. EL CONTRATO. Poco más de un año después de efectuado el pago de los S/.36 millones a Comunicore, Carlos Chávez Málaga, entonces gerente administrativo del municipio, fue convocado por su amigo Miguel Garro para que asesorara a una de las empresas de este, CSI Perú Logística S.A. Esta es una compañía dedicada al transporte de carga aérea, terrestre y marítima, al courier y la mensajería, así como al transporte y transferencia de de valores, caudales y giros. El caso es que, el 1 de agosto de 2007, la empresa de Garro y Chávez firmaron un contrato de locación de servicios por tiempo indeterminado, mediante el cual, el gerente de Luis Castañeda se comprometía “a prestar sus servicios de asesoría en temas administrativos a favor de CSI”. A cambio de ello, Chávez recibiría honorarios mensuales de US$3,000 mensuales. Pero ese contrato, por tiempo indeterminado, que venía durando dos años y medio, terminó abruptamente el 28 de diciembre de 2009, solo días después de que este diario revelara la sospechosa operación que comprometía S/.36 millones. Aquel día, Chávez Málaga envió su renuncia a CSI. “(...) Me presento ante ustedes para invocar la resolución de dicho contrato... solicito se me exonere del plazo de antelación de 30 días calendario para solicitar la resolución del contrato”, dijo Chávez en su carta dirigida al gerente general, Miguel Garro. Perú.21 intentó, de manera insistente, pero infructuosa, obtener las respuestas de Chávez Málaga. En la noche, sus voceros se comunicaron con este diario y señalaron: “Hay una directiva, han dispuesto que no habrá ningún pronunciamiento”. Por cierto, según el abogado especialista en temas municipales Julio César Castiglioni, la ley “prohíbe a los gerentes municipales prestar asesorías en entidades privadas pues son funcionarios públicos, de modo que sí hay incompatibilidad porque su cargo es a dedicación exclusiva”. ¿Sabía de esto el alcalde Lima? EL ESTUDIO DE ABOGADOS. El 10 de enero pasado, Perú.21 informó que, en marzo de 2006, dos meses después de cobrar la deuda, Comunicore empezó a borrar sus huellas y cambió de nombre. Pasó a llamarse Grupo Esaróstica Contratistas Generales y, luego, colocó en los cargos directivos a tres humildes pobladores de los cerros de Comas: una señora iletrada, un cerrajero y un vendedor ambulante. Según documentos a los que tuvimos acceso, este trámite habría estado a cargo del estudio Palacios & Torrejón Abogados. El 14 de marzo de 2006, la abogada Sonia Cruz, de ese bufete jurídico, remitió a Comunicore la Carta Nº 083-2006/P&T/PR, dando cuenta de que el nuevo directorio de la empresa “estará conformado”, entre otros, por el señor cerrajero Teodardo Rojas Aróstegui y la señora iletrada Margarita Esteban Aróstica. El principal socio del estudio, el abogado Guillermo Palacios Dodero, es, a su vez, apoderado de CSI Perú Logística S.A., la empresa de Miguel Garro. Además, entre mediados de 2007 y fines de 2009, el estudio Palacios & Torrejón fue, igualmente, proveedor de servicios legales del municipio, como consta en las distintas listas de proveedores de la comuna. Este diario también intentó comunicarse con el doctor Guillermo Palacios, pero, pese a los mensajes, no nos devolvió las llamadas. Ahora, estos nuevos elementos deberían ser considerados por la Comisión de Fiscalización o, en su defecto, por una comisión investigadora, tal como fue solicitado por 10 parlamentarios la semana que pasó.