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Actualidad | Jue. 26 nov '09
El vínculo del ex ministro con Business Track (BTR)
Dicen que las mentiras tienen patas cortas y, en el caso de Francis Allison, la verdad de su pasado fue descubierta apenas tres meses después de que asumiera la conducción del Ministerio de Vivienda.
Aunque intentó ocultar la relación contractual que mantuvo con la empresa Business Track –investigada por ‘chuponeo’ telefónico–, los documentos bancarios obtenidos por la comisión que preside el legislador Oswaldo Luízar corroboraron que, mensualmente, Allison cobraba US$3 mil por un supuesto trabajo de asesoría legal a BTR. Pero eso fue solo la punta del iceberg.
Las investigaciones realizadas por el grupo parlamentario revelaron que no existieron asesorías ni informes legales que justificaran el pago. A decir del parlamentario Luízar, “nosotros sostenemos que, en realidad, la empresa Business Track le prestó los recibos al ex ministro Allison para que este pudiera justificar de alguna manera los ingresos que obtenía de terceras fuentes que, hasta el momento, no han sido identificadas”.
Según se informó, un día antes de que Francis Allison cobrara el sueldo que, como supuesto asesor externo, le asignó BTR, su amigo Juan Abusabal –ex prefecto de la Municipalidad de Lima– depositaba el dinero en la cuenta de la empresa ‘chuponeadora’.
Ante las autoridades judiciales, los empleados de Business Track dijeron que no conocían a Allison quien, por su parte, negó en su momento que conociera el local de la empresa para la cual supuestamente trabajaba siendo alcalde de Magdalena.
Durante su presentación en el Congreso, el ex ministro no pudo aclarar su vínculo laboral y, aunque se comprometió a entregar los supuestos informes legales que redactó para BTR, hasta la fecha no ha enviado documentación alguna.
Aunque intentó ocultar la relación contractual que mantuvo con la empresa Business Track –investigada por ‘chuponeo’ telefónico–, los documentos bancarios obtenidos por la comisión que preside el legislador Oswaldo Luízar corroboraron que, mensualmente, Allison cobraba US$3 mil por un supuesto trabajo de asesoría legal a BTR. Pero eso fue solo la punta del iceberg.
Las investigaciones realizadas por el grupo parlamentario revelaron que no existieron asesorías ni informes legales que justificaran el pago. A decir del parlamentario Luízar, “nosotros sostenemos que, en realidad, la empresa Business Track le prestó los recibos al ex ministro Allison para que este pudiera justificar de alguna manera los ingresos que obtenía de terceras fuentes que, hasta el momento, no han sido identificadas”.
Según se informó, un día antes de que Francis Allison cobrara el sueldo que, como supuesto asesor externo, le asignó BTR, su amigo Juan Abusabal –ex prefecto de la Municipalidad de Lima– depositaba el dinero en la cuenta de la empresa ‘chuponeadora’.
Ante las autoridades judiciales, los empleados de Business Track dijeron que no conocían a Allison quien, por su parte, negó en su momento que conociera el local de la empresa para la cual supuestamente trabajaba siendo alcalde de Magdalena.
Durante su presentación en el Congreso, el ex ministro no pudo aclarar su vínculo laboral y, aunque se comprometió a entregar los supuestos informes legales que redactó para BTR, hasta la fecha no ha enviado documentación alguna.