Hoy vence el plazo para que el presidente Alan García promulgue la denominada 'Ley Oviedo’ –que extiende por un año más la protección patrimonial para las empresas azucareras– o para que realice las observaciones pertinentes. De no realizar ninguna de estas dos acciones, el Congreso podrá promulgar la norma. Este beneficio concluyó el 31 de diciembre de 2010, por lo que –legalmente– azucareras como Pomalca, Tumán y Cayaltí ya no cuentan con protección patrimonial y podrían ser embargadas por sus acreedores, entre ellos, la Sunat. El ministro de Economía, Ismael Benavides, informó la semana pasada que Proinversión apelará la decisión de un juez de Lambayeque que suspendió el proceso de venta de las acciones del Estado en Cayaltí, que estaba programado para el 30 de diciembre pasado. La medida incluyó a Tumán y Pomalca, en manos del Grupo Oviedo. Proinversión dijo que unos 400 trabajadores de Cayaltí se habían asociado para comprar el 100% de las acciones del Estado dado que ellos tienen la preferencia.