El conflicto en Puno por las concesiones mineras se desbordó ayer. Cinco personas muertas y al menos 30 heridas –entre ellas dos graves y con balas alojadas en la cabeza– dejaron los violentos enfrentamientos entre la Policía y un grupo de manifestantes que, en el marco del paro regional convocado contra las concesiones mineras y contra la contaminación que causa la actividad, intentaba tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca. Los enfrentamientos se iniciaron al promediar las 11 de la mañana, cuando más de dos mil manifestantes armados con palos, piedras y huaracas –la mayoría procedentes de Azángaro– trataron de ingresar con violencia al terminal aéreo. La turba rodeó el aeropuerto, logrando acceder por la fuerza y causando destrozos en las luces y en los equipos de navegación instalados en el lugar. Ante la situación, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para mantenerlos lejos. Sin embargo, el grupo insistió en su accionar y se apostó en la pista de aterrizaje flameando la bandera nacional y prendiendo fogatas. Frente a ello, los trabajadores del aeropuerto se pusieron a buen recaudo en el último piso de la torre de control. Entonces, la Policía optó por hacer disparos al aire para dispersar a los revoltosos. En medio de la confusión, varios de los manifestantes –e, incluso, vecinos de la zona– fueron víctimas de los disparos. Al hospital Carlos Monge Medrano, de Juliaca, llegaron varios heridos por impactos de bala. Hasta el cierre de esta edición se había confirmado la muerte de cinco personas que habrían recibido disparos de armas de fuego. Una de ellas fue identificada como Víctor Antonio Campos Huanca, un ciudadano que fue alcanzado por una bala en su vivienda, en la avenida Aeronáutica, a pocos metros del aeropuerto. Los otros fallecidos son Raúl Cancapa Huaricallo (38), Edwin Félix Yrpanipoca Turpo (20), Petronila Coa Huanca y Gregorio Huamán Mamani (57). Hasta el cierre de la presente edición, el cuerpo de este último permanecía en medio de los manifestantes, a la espera del fiscal de turno. TENSIÓN. Ante la gravedad de los hechos, los vuelos nacionales hacia y desde Juliaca fueron suspendidos en forma indefinida. Cientos de turistas quedaron varados. Las vías de acceso a la ciudad fueron completamente bloqueadas, por lo que el comercio y el transporte se han paralizado. Además, las clases escolares fueron suspendidas para resguardar la seguridad de los estudiantes, pues en varios puntos de la región había mítines. En la noche, la violencia aún no cesaba. Al promediar las 6:30 horas, un grupo de huelguistas, aprovechando la oscuridad, logró ingresar al aeropuerto y, tras saquear sus instalaciones, prendió fuego a tres vehículos y a pastizales. La humareda y las llamas alcanzaron los cinco metros de altura y en el interior se oían explosiones. Mientras tanto, en la avenida Aeropuerto, una turba armada con palos y piedras marchaba empujando un vehículo quemado y saqueaba e incendiaba los negocios y todo lo que encontraba a su paso. En Azángaro también hubo brotes de violencia. Tras conocer la muerte de cinco personas, cientos de pobladores rodearon las instalaciones de la comisaría ubicada en el jirón Tacna exigiendo que los agentes policiales abandonaran el lugar. Los manifestantes proferían frases como “¡policías asesinos, váyanse!”, mientras la comisaría permanecía cerrada con cinco agentes en su interior. Con la finalidad de hacerlos salir, los manifestantes cercaron el lugar y prendieron fuego en los alrededores. OBJETIVO LOGRADO. Mientras eso ocurría en Puno, en Lima, dirigentes y autoridades de la región altiplánica mantenían negociaciones con el Ejecutivo para lograr un acuerdo que solucione el conflicto. En la noche, la premier Rosario Fernández anunció que hoy se publicarían cinco normas que pondrían fin a los reclamos de los puneños, entre ellos la derogatoria de la concesión entregada a la minera Santa Ana –de la compañía Bear Creek–, una de las principales demandas. Según la ministra, la medida se adoptó por las irregularidades detectadas en la entrega de la concesión. No obstante, el presidente ejecutivo de Bear Creek, Andrew Swarthout, dijo que el Gobierno aún no le notificaba su decisión y que la empresa tomaría acciones legales si paralizaban el proyecto de plata.