En países como el nuestro, donde la desigualdad sigue siendo uno de los rasgos que más nos caracterizan, la educación es considerada como un buen antídoto contra la pobreza. Es por eso que muchos padres se la pasan años trabajando para que por lo menos uno de sus hijos (casi siempre el varón) se convierta en un profesional de éxito que, luego, retribuirá con sus logros al resto de la familia. Según el economista Javier Herrera, alcanzar el nivel de educación secundario implica una reducción de 10 puntos porcentuales en las tasa de pobreza de la población, mientras que acceder al nivel superior implicaría una reducción de 14 puntos. Tal vez el caso más emblemático de cómo la educación de calidad puede cambiar el destino de una persona es el de Alejandro Toledo, que canjeó su futuro de lustrabotas por el de presidente gracias a su paso por las mejores universidades norteamericanas. Pero, desgraciadamente, no todos los peruanos tienen la suerte de acceder a becas en Harvard o Stanford. La mayoría tiene que arreglárselas con la oferta local, que es bastante pobre y desigual. Por un lado están las universidades nacionales, escasas, que languidecen por falta de presupuesto, y por otro están las particulares, en las que uno puede encontrar las más diversas opciones de precio y calidad. Como ya todos sabemos, en el año 1996 se permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro. La iniciativa legislativa buscaba cubrir la enorme demanda insatisfecha por educación superior. Sin embargo, debido a la laxitud de los mecanismos de control del nuevo marco legal, hemos asistido, a lo largo de estos años, a un crecimiento desordenado de la oferta educativa, sin mayor control de la calidad. Así, pasamos de tener 35 universidades en el año 1982 a más de 90 en la actualidad. Si a estas les sumamos las filiales que funcionan con y sin autorización, la cifra se vuelve inmanejable y ya nadie sabe a ciencia cierta dónde y cómo se ofertan especialidades como las de Derecho o Administración en nuestro país. La situación es grave porque, cada año, miles de peruanos reciben títulos basura, a nombre de la Nación, por los que han pagado con el esfuerzo de sus familias. Son graduados que tienen cartones que los acreditan como abogados, médicos o ingenieros pero que, en la práctica, carecen de los conocimientos necesarios para ejercer sus profesiones con eficiencia. Justamente para acabar con esta sobreoferta de pésima calidad, se prohibió la creación de filiales o sedes universitarias; sin embargo, esta semana, el Tribunal Constitucional, en uno de sus más polémicos fallos, acaba de autorizar nuevamente su apertura y, además, ha planteado nuevos mecanismos de control que sabe Dios cuándo se implementarán. Obviamente, esta decisión ha de-satado candentes debates y férreos opositores que velan por devolverle calidad a la educación peruana, pero mientras nos acaloramos discutiendo en calles y plazas, cientos y miles de alumnos siguen siendo estafados con títulos que valen menos que el papel higiénico con el que los miembros del TC se limpian cada mañana.