Siempre se desarrolla una relación tormentosa entre el gobierno de turno y las encuestadoras. A medida que se van desgastando, los gobernantes descienden en su aprobación, lo cual los lleva a cuestionar la veracidad de los sondeos de opinión. Por ello no es sorpresa la propuesta de colocar veedores en las encuestas, por más absurda que la idea parezca, ya que planteamientos similares se han presentado con anterioridad. Asimismo, el truco de sacar del sombrero la encuesta propia para cuestionar los resultados de las encuestadoras siempre es utilizado, usualmente, insinuando que la habría hecho el servicio de Inteligencia o, como ahora, que la habría realizado el partido de gobierno. Lo cierto es que estas supuestas encuestas nunca se muestran, siendo muy dudosa su existencia. Incluso la relación del actual gobierno con las encuestadoras no es de las más tensas. El caso de Alejandro Toledo fue más dramático. Este tuvo un problema de credibilidad que lo mantuvo la mayor parte de su gobierno con niveles de aceptación extremadamente bajos. Hasta llegó a tener un mes en el cual el crecimiento del PBI superó la aprobación presidencial, lo que es un récord mundial. El hecho es que, durante 4 años, los sondeos fueron duramente cuestionados, hasta que en el último trimestre de su mandato, con la población preocupada por el próximo presidente, los niveles se elevaron y pasaron del 30%. En ese momento, Toledo aceptó “con humildad’’ la aprobación popular sin cuestionar, en absoluto, su veracidad. Por otro lado, en la actualidad, el problema no es tanto la aprobación presidencial, sino la total falta de figuración de un candidato del Apra en el mapa electoral. En la encuesta que publicamos hoy, ni siquiera aparecen en el rubro de otros; simplemente, a ninguno de los 513 limeños encuestados le salió la mención espontánea de un líder del Apra, con lo cual, en el papel, parecería que no lograrían ni un congresista. Sin embargo, con toda la capacidad de influencia que da el manejar el aparato estatal, esa situación, sin duda, va a variar y la actual ansiedad en la Casa del Pueblo, eventualmente, se reducirá. Así que lo fundamental para el país es evitar que esa desesperación coyuntural se traslade a una legislación o regulación que inhiba los sondeos de opinión, porque eso sería un inaceptable intento por manipular el proceso electoral.