Una de las mejores maneras de combatir la corrupción en el Perú es escoger bien a quienes van a tener en sus manos la difícil tarea de administrar justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es el organismo encargado de esta labor y según su propia definición tiene la misión de seleccionar a jueces y fiscales “sólidamente probos, independientes, provistos de irreductibles valores éticos y morales”. Si analizamos, sin embargo, los resultados del último proceso de selección, la verdad que hay evidencias serias que nos obligan a pensar que esto no está ocurriendo. En primer lugar, está el indignante caso del abogado invidente Edwin Béjar Rojas, que se graduó en primer puesto en la Facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad. Edwin se presentó para una plaza de fiscal adjunto provincial del Cusco, sin embargo, antes de rendir sus exámenes el CNM le anunció que ni siquiera se iban a tomar el trabajo de evaluarlo, porque su condición le impedía asumir dicho cargo. No pretendo hacer un chiste cruel pero ¿dónde quedó aquello de que la justicia es ciega? ¿Por qué si Edwin ha sido capaz de estudiar en una universidad con excelentes resultados, no podría trabajar como fiscal? El doctor Béjar Rojas no ha pedido tratos especiales ni limosnas, simplemente quiere una oportunidad de demostrar lo que sabe y el Estado peruano, a través del CNM, se lo está negando injustamente. El trato que ha recibido Carolina Lizárraga, ex jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, es aún más arbitrario. Antes de tomar la penosa decisión de asumir la jefatura de la tristemente célebre ONA, la Dra. Lizárraga se desempeñaba como una de las juezas más eficientes y transparentes del Poder Judicial. Pertenecía al grupo de las verdes, un conjunto de magistradas famosas por ser insobornables. Metió la pata al irse a la malaguosa ONA, qué duda cabe, pero la CNM la ha castigado sin permitirle regresar a su puesto de jueza, como si en lugar de ir a luchar contra la corrupción desde un organismo del Estado se hubiera largado a un estudio privado a defender narcotraficantes. Lizárraga tiene un máster en leyes en la universidad de Yale, un doctorado en Ciencias Penales en la Universidad de Salamanca, un PADE con especialización en Finanzas, en ESAN. Además ha llevado cursos de Filosofía en la Universidad Ruiz de Montoya, para poder ejercer su labor sin apartarse de la ética, e incluso siguió cursos de secretariado ejecutivo en algún instituto para escribir más rápido sus expedientes. Se ha preparado toda su vida para ser una buena jueza. Me gustaría saber si alguno de los que le negó la posibilidad de volver a su antiguo puesto, puede exhibir los mismos pergaminos.